El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) suspendió temporalmente los operativos y comparendos contra buses intermunicipales que circulan desde municipios como Puerto Colombia, en medio de la controversia por sanciones impuestas por prácticas consideradas ilegales dentro del perímetro urbano.
La decisión fue confirmada por Gustavo Santos, subdirector de Transporte del AMB, quien anunció que durante 15 días se congelarán las sanciones mientras se instala una mesa de trabajo con alcaldes, empresas de transporte y autoridades locales, programada para el miércoles 6 de agosto.
“Queremos revisar con claridad las competencias y avanzar en una solución definitiva”, dijo Santos en entrevista con un medio radial local.
El “urbaneo”, centro del conflicto
La raíz del problema es una práctica conocida como “urbaneo”, en la que buses intermunicipales recogen pasajeros dentro de Barranquilla para llevarlos a otros puntos de la misma ciudad, lo cual está prohibido por la normatividad vigente.
“Está permitido que desciendan pasajeros al entrar y asciendan al salir de Barranquilla hacia los municipios, pero no pueden operar como transporte urbano dentro de la ciudad”, explicó Santos.
Actualmente, más de 143.000 pasajeros usan diariamente el transporte intermunicipal, y cerca de 89.000 lo hacen únicamente dentro de Barranquilla, presionando al ya debilitado sistema de transporte colectivo urbano.
¿Qué pasa con el sistema urbano?
El subdirector del AMB admitió que parte del problema se debe a la reducción del parque automotor urbano, que ha pasado de 3.100 buses en 2018 a solo 2.600 en la actualidad, lo que ha forzado a muchos usuarios a recurrir a rutas intermunicipales por falta de cobertura.
Como medida para mitigar esta presión, el AMB anunció la incorporación de 100 nuevos buses antes de fin de año y la reposición de otros 140 vehículos por parte de las empresas, en busca de mejorar la oferta del transporte urbano y aliviar la demanda que hoy absorben los buses intermunicipales.
Mientras tanto, la controversia sigue creciendo entre transportadores, usuarios y autoridades, a la espera de una salida que respete la legalidad y garantice la movilidad en el área metropolitana.
