Durante dos décadas, el nombre de Álvaro Uribe Vélez fue sinónimo de poder, influencia y protagonismo político en Colombia. Hoy, esa misma figura poderosa carga con el peso de una histórica condena judicial: 12 años de prisión domiciliaria, una multa de $3.444 millones y 8 años de inhabilidad para ejercer funciones públicas. Uribe, el líder que definió el rumbo del país durante buena parte del siglo XXI, se convirtió en el primer expresidente condenado penalmente en Colombia.
El juicio más simbólico del país
Tras 67 días de juicio oral y más de una década de ires y venires judiciales, la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, no solo encontró culpable a Uribe de soborno en actuación penal y fraude procesal, sino que lo calificó como el «cerebro de un entramado criminal» que habría buscado manipular testigos en contra de adversarios políticos, especialmente el senador Iván Cepeda.
Según la magistrada, varios abogados —entre ellos Diego Cadena y otros colaboradores ya procesados— actuaron con “lealtad devocional” hacia el expresidente, siguiendo instrucciones y ejecutando acciones ilegales como visitas a cárceles para conseguir testimonios amañados.
Pruebas que pesaron: interceptaciones y relojes espía
El fallo incluyó la aceptación de pruebas polémicas como interceptaciones telefónicas al celular de Uribe y grabaciones obtenidas con un reloj espía, evidencia que la defensa intentó desestimar por presunta ilegalidad, sin éxito.
Para la jueza, las grabaciones demostraron que Uribe no solo estaba al tanto, sino que determinó y facilitó el actuar delictivo, eligiendo a Diego Cadena por su “capacidad de ir a la cárcel”, algo que sus abogados tradicionales no estaban dispuestos a hacer.
Uribe no calla: “Es un fallo político”
Fiel a su estilo, el exmandatario no se quedó en silencio. Calificó la sentencia como “una decisión política, sesgada y sin fundamento jurídico”, insistiendo en que nunca ordenó mentir ni pagar por testimonios. Durante su intervención, se quejó también del trato recibido por parte de la jueza y defendió la honra de su familia, asegurando que sus hijos fueron injustamente aludidos en medio del proceso.
Origen del caso: un tiro que le salió por la culata
Todo comenzó en 2012, cuando Uribe denunció a Iván Cepeda por manipulación de testigos. Pero la Corte Suprema archivó la denuncia contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe. El proceso derivó en su detención domiciliaria preventiva en 2020, momento en el cual renunció a su curul en el Senado para que su caso pasara a la justicia ordinaria. Desde entonces, la Fiscalía intentó cerrar el caso en dos oportunidades, pero los jueces se negaron.
🇺🇸 Reacciones internacionales y pulso político
La sentencia causó un terremoto político y diplomático. Desde Estados Unidos, figuras como Marco Rubio, Mario Diaz-Balart y María Elvira Salazar criticaron el fallo y acusaron al sistema judicial colombiano de estar “politizado”. Gustavo Petro respondió de inmediato, tildando estas reacciones de “intromisión extranjera” y defendiendo la independencia de la justicia colombiana.
En Colombia, sectores uribistas estallaron en rechazo y hablaron de persecución judicial, mientras sectores alternativos calificaron la decisión como un precedente histórico que marca un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en las altas esferas del poder.
¿Qué sigue?
Uribe apeló la decisión y tanto su defensa como la Procuraduría deberán sustentar sus argumentos ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para fallar. Si no lo hace antes de esa fecha, el caso prescribirá.
Mientras tanto, el expresidente deberá cumplir la condena en su residencia, bajo vigilancia, en una decisión que busca —según la jueza— evitar una posible fuga, dado su “alto reconocimiento y capacidad para abandonar el país”.
Lo que está en juego ya no es solo el destino judicial de Uribe, sino la confianza en las instituciones, el equilibrio de poderes y el mensaje que Colombia envía al mundo: ¿puede un expresidente ser juzgado como cualquier ciudadano? La historia dirá si esta decisión marca el inicio de un nuevo estándar de justicia o si terminará desdibujada por los intereses de siempre.
