El Decreto 0858 de 2025, firmado por el Ministerio de Salud en la madrugada del miércoles, ha encendido un amplio debate en Colombia. Con esta medida, el gobierno del presidente Gustavo Petro busca transformar radicalmente el sistema de salud del país hacia un modelo preventivo, predictivo y resolutivo, dejando atrás la visión centrada en la atención curativa.
¿Qué establece el decreto?
La normativa, que modifica la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, propone un cambio estructural en la forma como se organiza, financia y presta el servicio de salud en Colombia. Entre sus pilares están:
- Descentralización y territorialización, con mayor responsabilidad de las entidades locales.
- Creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), para articular la atención pública, privada y mixta.
- Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (CAPS) como base del sistema.
- Implementación del sistema SI-APS, que centraliza la información clínica y administrativa.
- Transformación del rol de las EPS, que ya no manejarán directamente los recursos.
- Formalización laboral del talento humano en salud.
- Promoción de la soberanía sanitaria a través de investigación, innovación y producción nacional de medicamentos y tecnologías.
Financiación y transición
El modelo será financiado con recursos del aseguramiento (ADRES), el Sistema General de Participaciones (SGP), el Presupuesto General de la Nación y otras fuentes. Las secretarías de salud territoriales organizarán y liderarán la implementación.
No obstante, expertos como Juan Diego Fierro, gerente del Hospital Universitario de Neiva, advierten que la transición será costosa y compleja:
“Puede haber un impacto presupuestal importante por la necesidad de adecuar infraestructura, sistemas de información y fortalecer el talento humano”, explicó.
“Pero si se garantiza inversión pública y planificación adecuada, podría reducir costos innecesarios en atención especializada”, agregó.
Reacciones políticas: ¿Reforma por decreto?
El decreto ha sido bautizado por la oposición como un “decretazo”, y ha provocado reacciones encendidas desde diferentes sectores:
Julio César Triana, congresista huilense, lanzó una crítica directa:
“¿Dónde quedó la independencia de las instituciones, señor Presidente? El ‘decretazo’ solo busca imponer un modelo ideológico por encima del Congreso. Se trasladan responsabilidades a las regiones sin recursos”.
Luz Pastrana, también representante por el Huila, consideró la medida como un acto de arrogancia y autoritarismo:
“Se burló del debate técnico, del control político y de las voces expertas. Gobernar no es imponer, mucho menos en salud”.
Ambos legisladores cuestionan que se haya expedido el decreto justo después de que el Pacto Histórico perdiera la presidencia de la Comisión Séptima del Senado, lo que frenó el avance legislativo de la reforma a la salud.
Voces desde los territorios
Aunque la polémica crece, algunos sectores regionales ven oportunidades si se ejecuta con planeación y recursos.
Jesús Garzón, concejal de Neiva, dijo:
“Si se articula bien con autoridades locales y prestadores, el impacto puede ser muy positivo, sobre todo en zonas rurales o marginadas”.
Humberto Perdomo, también concejal, resaltó que el enfoque territorial permite responder a necesidades puntuales:
“Por ejemplo, en comunas con altos índices de intentos de suicidio juvenil, como la 2, 6 y 10, se pueden priorizar estrategias específicas en salud mental”.
Jerson Bastidas, personero municipal, pidió que más allá de la discusión política, se garantice la calidad y oportunidad de los servicios:
“No nos interesa si el decreto es legal o no, sino que los ciudadanos tengan acceso real a las citas, procedimientos, medicamentos y atención oportuna”.
¿Qué viene ahora?
Aunque el decreto ya está firmado y en vigencia, se espera que los gremios médicos, EPS, organizaciones civiles y el mismo Congreso interpongan recursos o busquen mecanismos para frenar su implementación total. Mientras tanto, el Ministerio de Salud deberá comenzar una compleja reorganización del sistema de salud en medio de un contexto altamente politizado y con múltiples obstáculos técnicos y financieros.
Lo cierto es que el Decreto 0858 no solo propone un nuevo modelo de salud: también ha reavivado el debate nacional sobre los límites del poder presidencial, la autonomía institucional y el rumbo del sistema de salud colombiano.
