La noche del miércoles 30 de julio, el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, volvió a pisar suelo colombiano… pero no por voluntad propia ni en calidad de turista. A bordo de un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos, Lyons fue entregado por autoridades migratorias directamente a la Fiscalía General de la Nación en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
El otrora poderoso dirigente, hoy de 44 años, fue recibido por la justicia nacional como corresponde: con esposas y una condena vigente. La Corte Suprema de Justicia ya había determinado en 2018 que Lyons debía pagar cinco años y tres meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, dentro del escándalo de corrupción que salpicó su gestión como gobernador entre 2012 y 2015.
Lyons había salido del país en medio del escándalo, se convirtió en “colaborador estrella” de las autoridades estadounidenses, y aunque por momentos pareció más protegido que acusado, su capítulo internacional llegó a su fin. Ahora deberá responder ante la justicia colombiana y cumplir su pena tras años de maniobras, grabaciones secretas y apariciones en el radar judicial más como informante que como procesado.
Así, uno de los rostros más emblemáticos del entramado de corrupción en Córdoba regresa a Colombia no como protagonista político, sino como interno sentenciado. La justicia, aunque tarde, al fin lo espera.
