En lo que parece ser más una puesta en escena que un juicio justo, la defensa de Nicolás Petro, hijo del Presidente de la República, cuestionó con dureza la estrategia probatoria de la Fiscalía General de la Nación. Alejandro Carranza, abogado del exdiputado del Atlántico, advirtió que el ente acusador pretende inundar el proceso con más de dos millones de pruebas para sustentar un supuesto enriquecimiento ilícito por 800 millones de pesos.
“Es una desproporción absurda. No tiene sentido llenarnos de documentación para dilatar este juicio”, sentenció Carranza, quien considera que muchas de esas pruebas son repetitivas, innecesarias y carecen de rigor técnico.
Entre las solicitudes de exclusión que hizo la defensa, se encuentran registros de llamadas, certificaciones bancarias y documentos sobre cuentas del acusado, por haber sido recolectados por funcionarios que, según el abogado, “no tienen idoneidad pericial”.
Pero el eje del reclamo va más allá de la forma. Carranza sostiene que Nicolás Petro está siendo juzgado por su apellido, y no por pruebas reales de conducta delictiva. “Es claro que los señalamientos vienen por ser hijo del Presidente y no por actos realmente irreprochables”, recalcó.
Además, criticó que se haya involucrado en el proceso a la familia del acusado —madre, esposa y hermanas— llamándolas como testigos. “¿A quién se quiere juzgar realmente?”, se preguntó el abogado.
Finalmente, solicitó que no se tenga en cuenta la declaración rendida por Nicolás Petro dentro del fallido principio de oportunidad, por haber sido obtenida bajo circunstancias que, en su criterio, ya no son válidas en el contexto del juicio.
Mientras tanto, la Fiscalía insiste en seguir adelante con su titánica batería probatoria. La pregunta que queda es si se busca justicia o simplemente construir un caso mediático con más papel que sustancia.
