El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal entró en su etapa más crítica: la cuenta regresiva hacia una eventual prescripción, que dejaría sin efecto las investigaciones en su contra si no se emite una condena en firme antes del 8 de octubre de 2025.
Este caso, que ha sacudido la opinión pública y marcado un hito en la historia política y judicial del país, se remonta a 2018, cuando inició en la Corte Suprema de Justicia. Fue allí donde, el 8 de octubre de 2019, Uribe rindió indagatoria, diligencia que interrumpió el conteo inicial del término prescriptivo y lo reinició bajo los parámetros del artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, que reduce el nuevo término a la mitad de la pena máxima posible.
Según penalistas como Francisco Bernate e Iván Cancino, ese plazo es de seis años, lo que fija como fecha límite el 8 de octubre de 2025. Si llegado ese día no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, la justicia colombiana deberá archivar el caso de manera definitiva.
El proceso ha pasado por cinco fiscales y dos intentos fallidos de preclusión por parte del ente acusador. Finalmente, el fiscal Gilberto Iván Villarreal radicó el escrito de acusación el pasado 9 de abril de 2024, abriendo el camino hacia un juicio inédito: el primero contra un expresidente de Colombia por presuntos delitos relacionados con la manipulación de testigos.
La defensa del exmandatario, los sectores afines y sus críticos observan cada paso del proceso con atención. Mientras tanto, el reloj judicial avanza.
Toda Colombia se encuentra atenta al desarrollo de la audiencia en la que se conocerá el fallo por parte de la juez.
La historia se sigue escribiendo, y el tiempo corre.
