Mientras el Gobierno celebra el memorando de entendimiento con Venezuela como un paso hacia la integración fronteriza, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, encendió las alarmas: lo considera un acuerdo «negociado entre bambalinas», opaco y cargado de incertidumbre para el país.
A juicio del congresista, el pacto suscrito con el régimen de Nicolás Maduro está rodeado de ambigüedades económicas y de seguridad, y lo más grave: se pactó sin pasar por el Congreso, ni mucho menos por el filtro de la ciudadanía. “No genera confianza un acuerdo que se firma en plena coyuntura electoral, con implicaciones sensibles para la soberanía, la economía y la seguridad nacional”, sentenció.
García no se quedó solo en las críticas. Anunció la creación de una comisión accidental del Senado que se desplazará hasta la zona de frontera, con el fin de evaluar los impactos reales del acuerdo sobre las comunidades, el comercio y los riesgos que implica reabrir canales con un gobierno que, según él, está señalado por la comunidad internacional de violaciones a los derechos humanos y vínculos con grupos irregulares.
«Colombia no puede darse el lujo de abrir la puerta a dinámicas que minen nuestras instituciones», remató el presidente del Congreso, dejando claro que este no será un proceso que pase de agache bajo su presidencia.
En medio de tensiones políticas, desconfianza institucional y una frontera históricamente caliente, la creación de una Zona Binacional se perfila como un campo minado. Ahora, el Congreso pone la lupa.
