Un recurso judicial abre dudas sobre si se busca defender el voto ciudadano o mantener cuotas de poder político.
La demanda de nulidad electoral contra la alcaldesa electa de La Jagua del Pilar fue presentada por el abogado Belisario Jiménez Lúquez, al parecer impulsado y financiado por el clan Morón-Soto, grupo político que históricamente ha tenido influencia en la administración local y cuyo principal líder, José Amiro Morón, cumple actualmente una condena por trashumancia electoral.
La admisión de esta acción judicial por parte del Tribunal Administrativo de La Guajira ha generado un debate inevitable: ¿es un mecanismo legítimo para garantizar la transparencia electoral o una maniobra destinada a recuperar poder en el municipio?
Un pasado que pesa
José Amiro Morón, exalcalde y figura política dominante en La Jagua del Pilar durante más de 16 años, enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y presuntas irregularidades en contratación y manejo de recursos públicos.
Además de esos procesos, cumple actualmente una condena por trashumancia electoral, lo que lo señala como responsable de una red dedicada a alterar el censo de votantes. Este antecedente pone en entredicho el verdadero propósito de la demanda que hoy, paradójicamente, acusa a la actual administración electa del mismo delito.
Unas elecciones bajo lupa
El proceso electoral atípico de mayo de 2025 estuvo marcado por controles inéditos en el municipio:
Supervisión nacional: El Consejo Nacional Electoral y la MOE desplegaron equipos especiales para prevenir prácticas irregulares como el trasteo de votos.
Tecnología biométrica: Se utilizó reconocimiento facial y autenticación biométrica, reduciendo el riesgo de suplantación.
Seguridad y veeduría: Más de 200 uniformados custodiaron las urnas y mesas de justicia atendieron denuncias en tiempo real.
Testigos y escrutinio público: Todos los partidos registraron testigos y la comisión escrutadora trabajó bajo protocolos auditables.
Diversos analistas consideran que, con este nivel de vigilancia, resulta difícil sostener que pudo existir un fraude organizado que alterara el resultado electoral.
Juristas consultados aclaran que la admisión de una demanda no garantiza que tenga méritos suficientes; solo marca el inicio de un proceso de revisión. Sin embargo, cuando quien la promueve tiene un historial de condenas e investigaciones, la percepción pública suele inclinarse a ver más un cálculo político que una genuina defensa del voto.
En su escrito, Belisario Jiménez Lúquez asegura que la alcaldesa Ivón Manjarrez Ustáriz habría incurrido en “trashumancia electoral”, al permitir que “ciudadanos sin arraigo social, familiar y electoral votaran a su favor e incidieran en el resultado final”. Ahora, la mandataria deberá presentar las pruebas que respalden su defensa ante el Tribunal Administrativo de La Guajira. Pero quién es el condenado por Trashumancia?
¿Quién es Belisario Jiménez Lúquez?
Abogado vallenato especializado en derecho administrativo y electoral, Jiménez ha sido protagonista de múltiples litigios que han intervenido en procesos políticos en el Cesar y La Guajira.
Fue aspirante al cargo de personero municipal de Valledupar en 2023–2024, concurso en el que interpuso tutelas, denuncias e incidentes de desacato que lograron frenar temporalmente el proceso alegando irregularidades del Concejo Municipal. También ha impulsado demandas contra administraciones por presuntas anomalías en licencias ambientales y contrataciones públicas, y ha defendido causas civiles de carácter social.
Su trayectoria combina litigios de alto perfil político con casos ciudadanos, aunque en este contexto su cercanía, al parecer con el clan «Morón-Soto» lo coloca en el centro de un debate sobre las verdaderas motivaciones de esta demanda electoral.
