El Gobierno Nacional, a través del presidente Gustavo Petro, sancionó una nueva ley que busca promover la movilidad sostenible en Colombia, regulando específicamente el uso y circulación de vehículos eléctricos livianos como patinetas, scooters y mopeds. Esta normativa llega en un momento clave, impulsando alternativas de transporte más eficientes, pero también estableciendo reglas estrictas para garantizar un uso responsable y seguro.
Entre los puntos principales de la ley, se destaca que solo podrán manejar estos vehículos personas mayores de 16 años y con un único ocupante. Además, su circulación estará limitada a la cicloinfraestructura urbana, quedando prohibido transitar por aceras, andenes y la red vial nacional, salvo en zonas expresamente autorizadas.

La ley exige el uso obligatorio de casco, prendas retrorreflectivas y luces visibles durante su operación. Los conductores que no cumplan con estas disposiciones podrán enfrentarse a multas equivalentes a seis salarios mínimos diarios y la inmovilización del vehículo.
Un cambio importante es que el Código Nacional de Tránsito ahora reconocerá a estos usuarios como actores viales, obligando a los automovilistas a mantener una distancia mínima de 1.5 metros al adelantar.
No obstante, la normativa también exime a estos vehículos, que pesen menos de 60 kg y no superen los 40 km/h, de la obligación de tener SOAT, matrícula o licencia de conducción. Esto ha generado debates y preocupaciones sobre el control y la seguridad vial, dado que algunos vehículos eléctricos pueden exceder los límites de velocidad permitidos, representando riesgos para otros usuarios de la vía.

Entre los retos que enfrenta esta ley están la falta de claridad sobre la tipificación de estos vehículos en la normativa, y la dificultad para sancionar casos como la conducción bajo efectos de alcohol o drogas, además de la ausencia de seguros que faciliten la atención en accidentes.

Con esta regulación, Colombia da un paso hacia la movilidad limpia y sostenible, pero también deberá enfrentar el desafío de equilibrar la promoción de nuevas formas de transporte con la protección de los usuarios y la seguridad vial en las ciudades. Es fundamental que los usuarios conozcan la normatividad para evitar sanciones y contribuir a un tránsito más seguro para todos.