La Procuraduría General de la Nación confirmó una decisión que ha causado revuelo en los círculos policiales y judiciales del país: los patrulleros Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta fueron destituidos e inhabilitados por 20 años para ejercer funciones públicas, tras comprobarse su participación directa en un robo de $753 millones contra un comerciante.
El hecho ocurrió el 19 de enero de 2021, cuando los dos uniformados, en complicidad con un oficial superior, montaron un operativo ilegal para detener y despojar de una millonaria suma de dinero a la víctima, en un caso que ha sido calificado como un uso aberrante del uniforme y el poder institucional.
Un plan premeditado
De acuerdo con la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, los patrulleros prepararon y ejecutaron cuidadosamente el asalto, valiéndose de su posición dentro del Grupo de Protección a la Rama Judicial. Para cometer el delito, abandonaron su lugar de servicio durante gran parte de la jornada laboral, sin justificación operativa alguna.
La investigación reveló que los patrulleros modificaron intencionalmente la placa de la motocicleta utilizada en el operativo y portaban chaquetas oficiales que pertenecían a un exmiembro retirado de la Policía, con el fin de dificultar su posterior identificación.
Un golpe certero a la institucionalidad
La Procuraduría no dudó en calificar la conducta como una falta gravísima a título de dolo, al considerar que existió una clara intención de delinquir desde el seno de la propia institución encargada de proteger a los ciudadanos.
“Los elementos probatorios fueron suficientes, precisos y concordantes para establecer la responsabilidad directa de los patrulleros”, señaló el órgano de control en su fallo definitivo.
La decisión se adoptó en segunda instancia, lo que la convierte en irrevocable y sin posibilidad de apelación. Esta sanción no solo expulsa a los uniformados de la institución, sino que les impide ejercer cualquier cargo público durante las próximas dos décadas.
Silencio institucional y preguntas sin respuesta
Pese a la contundencia del fallo, hasta el momento no se ha revelado públicamente la identidad del oficial superior que presuntamente coordinó el golpe junto a los patrulleros. Tampoco se ha informado si el dinero fue recuperado o si los exuniformados enfrentan procesos penales paralelos, aunque expertos en derecho disciplinario y penal aseguran que podría haber consecuencias judiciales adicionales.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la confianza ciudadana en las fuerzas del orden, especialmente cuando los delitos son cometidos por quienes tienen el deber de proteger a la sociedad. La Procuraduría, por su parte, insistió en que seguirá actuando con firmeza frente a los casos de corrupción y abuso de autoridad dentro de la fuerza pública.
El comerciante víctima del robo, cuya identidad permanece reservada por seguridad, habría colaborado activamente con las autoridades durante la investigación. Su testimonio, junto con registros de cámaras de seguridad y pruebas forenses, fue clave para desmantelar la fachada del falso procedimiento policial.
¿Un caso aislado?
Aunque este hecho es especialmente grave por el monto del dinero y la participación directa de agentes estatales, no es el único caso en el que uniformados han sido vinculados a robos, extorsiones o montajes judiciales. La ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo una depuración profunda dentro de las instituciones de seguridad.
Por ahora, Castillo Bernal y Quintero Acosta enfrentan no solo la caída en desgracia dentro de la Policía Nacional, sino también el rechazo social que acompaña a quienes usan el uniforme para delinquir.
