Aunque ya carga una condena por el escándalo de los carrotanques, el nombre de Sneyder Pinilla Álvarez vuelve a aparecer en la agenda judicial. Esta vez, por presuntamente haber direccionado millonarios contratos de emergencia en varios municipios de Córdoba mientras ejercía como subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía lo presentó ante un juez de control de garantías e imputó cargos por interés indebido en la celebración de contratos. Según el ente acusador, entre agosto y diciembre de 2023, Pinilla y dos funcionarios más de la subdirección general habrían direccionado al menos cinco órdenes de proveeduría, relacionadas con el alquiler de volquetas y maquinaria amarilla para atender emergencias en Puerto Escondido, Moñitos, Canaletes, Ciénaga de Oro y Los Córdobas.
Aunque el monto total comprometido superó los 8.671 millones de pesos, el dinero nunca llegó a manos de los contratistas. ¿Por qué? Porque, según la Fiscalía, los contratos se hicieron con particulares no registrados en el banco oficial de proveedores, seleccionados a dedo y sin seguir los requisitos establecidos por ley.
Pese a las evidencias presentadas, Pinilla no aceptó los cargos. Se aferra a su derecho a la defensa, a pesar de haber llegado anteriormente a un acuerdo con la justicia en el caso de los carrotanques, por el cual ya fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión, además de una sanción económica cercana a los 3.361 millones de pesos.
El nuevo caso profundiza las dudas sobre el manejo de los recursos de emergencia en Colombia. Lo que debería ser una herramienta para salvar vidas en medio del desastre, terminó siendo, presuntamente, un botín para funcionarios que convirtieron la tragedia ajena en su oportunidad personal de enriquecimiento.
Mientras tanto, los municipios afectados por inundaciones y deslizamientos aún esperan las máquinas que nunca llegaron.
