La decisión del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, de desvincular de forma inmediata al bombero Edwin Cataño Guevara, señalado de causar la muerte del joven Juan David Ucrós Cervantes en un accidente de tránsito mientras, presuntamente, conducía en estado de embriaguez, ha generado un amplio debate entre el clamor social por justicia y el respeto al debido proceso legal.

¿Qué buscó el alcalde con esta decisión?

Desde el plano político y simbólico, la medida responde a un contexto de alta presión social e indignación ciudadana. El mensaje de Char —“La vida de Juan David merece justicia”— conecta con un sentimiento colectivo que exige acciones inmediatas y ejemplares frente a la muerte de un joven víctima de una supuesta conducta negligente y reprochable por parte de un servidor público.

La desvinculación también pretende proteger la imagen institucional del Cuerpo de Bomberos, una entidad que se asocia con la salvaguarda de la vida y que no puede permitirse, en términos de reputación, tener entre sus filas a alguien acusado de haber causado la muerte de un ciudadano bajo condiciones agravantes.

El conflicto legal: ¿Fue precipitada la desvinculación?

Sí. Legalmente hablando, Edwin Cataño no ha sido condenado. Está vinculado a un proceso por homicidio culposo, pero goza de la presunción de inocencia, principio constitucional y pilar del Estado de Derecho.

Al haber sido desvinculado antes de una condena judicial firme, se abre la puerta para que, en caso de ser absuelto o archivado el proceso penal, el exbombero:

• Solicite su reintegro al cargo por despido sin justa causa.
• Demande al Distrito por daños y perjuicios.
• Reclame el pago de salarios caídos, prestaciones sociales y reparación por afectaciones morales o reputacionales.

Estos costos —en caso de prosperar una demanda— no los pagará el alcalde, sino que saldrán del erario público, es decir, de los impuestos de todos los barranquilleros.

¿Cuál habría sido el camino más prudente y legalmente sólido?

La suspensión provisional del cargo, mientras avanza el proceso penal, habría sido una alternativa legalmente más segura y razonable. Este mecanismo es permitido por la ley cuando se trata de funcionarios públicos vinculados a investigaciones penales o disciplinarias graves, sin desconocer su presunción de inocencia.

Suspenderlo temporalmente:

• Protege la institucionalidad, al apartar del cargo a un funcionario bajo investigación.
• Respeta el debido proceso, al no prejuzgar ni sancionar antes de una condena.
• Evita posibles demandas y costos futuros para el Estado.

Entre la presión social y la responsabilidad legal

La decisión del alcalde Char es comprensible desde lo ético y político, pero es riesgosa desde lo jurídico y administrativo. El deseo de responder con contundencia ante una tragedia y calmar la indignación colectiva es legítimo, pero no puede sobreponerse al respeto por el debido proceso.

En un Estado democrático, la justicia no solo debe hacerse, sino hacerse bien. Las emociones y los actos de justicia simbólica pueden tener un alto costo legal y financiero si no van de la mano con la legalidad.