Difícil equilibrio entre seguridad y paz
Una pelea violenta dentro de la cárcel La Dorada, en Caldas, encendió nuevas alarmas en el proceso de acercamiento entre el Gobierno nacional y estructuras criminales de la Costa Atlántica. El episodio, protagonizado por internos pertenecientes a bandas como Los Pepes y Los Costeños, dejó a Digno Palomino —uno de los jefes visibles de la primera organización— herido y con traslado inmediato a la cárcel La Picaleña, en Ibagué.
Su salida de La Dorada no solo respondió a razones de seguridad interna. También se da en medio de un proceso más amplio, complejo y controvertido: los diálogos exploratorios entre el Gobierno de Gustavo Petro y actores armados urbanos, enmarcados en su ambiciosa política de “paz total”.
Tras la pelea, reacomodo en el ajedrez carcelario
Las tensiones carcelarias no son nuevas, pero el hecho de que involucraran a jefes de alto perfil como Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, generó un efecto dominó. Según información judicial revelada por Blu Radio, además del traslado de Palomino a Ibagué, otros cabecillas de Los Costeños, como alias Otón y Junior Guerra, fueron enviados a la cárcel de Tramacúa, en Valledupar.
Las autoridades del Inpec justificaron la decisión como una medida preventiva para evitar una escalada de violencia entre bandas rivales al interior de los penales, donde las pugnas por el control continúan siendo moneda corriente.
¿Diálogos con estructuras criminales?
Más allá del conflicto carcelario, lo que causa mayor inquietud es el avance de negociaciones que, aunque aún no formales, ya han dejado ver sus primeros pasos. Según Yesid Turbay, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, el Gobierno ha designado a dos delegados para entablar contacto con los grupos armados en cuestión. La Dirección Nacional de Inteligencia también estaría involucrada.
“El Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, ya ha delegado a dos personas para estos acercamientos”, afirmó Turbay, quien destacó que la Alcaldía de Barranquilla “ve con buenos ojos” la posibilidad de que estas conversaciones logren reducir la violencia urbana.
Una tregua en duda
El contexto no es fácil. Aunque las autoridades locales celebran una disminución en los homicidios, alertan sobre el aumento de extorsiones y otros delitos, muchos de ellos atribuidos precisamente a las estructuras que hoy figuran en los acercamientos con el Estado.
“¿Quién puede abstraerse de generar espacios donde se hable de paz?”, se preguntó Turbay, reconociendo que sin el apoyo del Gobierno nacional, cualquier intento local de pacificación sería inviable.
Sin embargo, sectores de la opinión pública y analistas en seguridad advierten sobre los riesgos de legitimar estructuras que aún mantienen control territorial y económico sobre barrios enteros mediante la violencia.
El dilema: ¿cómo negociar con quienes aún delinquen?
Mientras Digno Palomino se recupera de sus heridas en Ibagué y alias Otón y Junior Guerra se adaptan a nuevas celdas en Valledupar, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede avanzarse en un proceso de paz cuando las armas aún están sobre la mesa? Y más aún, ¿cómo garantizar que los acercamientos no terminen reforzando el poder de las bandas en lugar de desmontarlo?
Por ahora, la paz en la Costa Atlántica parece estar entre barrotes, en medio de balas, diálogos reservados… y muchas preguntas sin respuesta.
