Vendedores ambulantes y estacionarios que por años han ejercido su labor en los alrededores del emblemático muelle de Puerto Colombia y la tradicional plaza municipal, denuncian un creciente hostigamiento por parte de funcionarios de Espacio Público del municipio, especialmente durante los días de mayor afluencia turística y comercial.
Según los comerciantes afectados, el accionar de las autoridades locales se ha intensificado en las últimas semanas, coincidiendo con el desarrollo de actividades culturales y la alta presencia de visitantes en el sector gastronómico del recién remodelado Muelle 1888. Los vendedores aseguran que han sido reubicados de manera arbitraria, retirados a la fuerza e incluso amenazados con sanciones, sin que se les brinde una alternativa digna para continuar generando su sustento.
“Toda la vida hemos vendido aquí en la plaza y en el entorno del muelle. Hoy, nos tratan como si fuéramos invasores, cuando esta es nuestra única forma de ganarnos el pan diario”, expresó uno de los comerciantes desplazados.
Los denunciantes señalan que la privatización del espacio público en torno al Muelle 1888 ha generado un ambiente de exclusión y marginación hacia quienes tradicionalmente hacen parte de la economía popular del municipio. En lugar de promover la convivencia entre el desarrollo turístico y la actividad informal, la actual administración municipal estaría favoreciendo intereses particulares en detrimento de la población más vulnerable.
Sin diálogo, sin alternativas
Pese a las reiteradas solicitudes de mesas de diálogo, los comerciantes aseguran que no han sido escuchados por la alcaldía, y que no existen canales formales de concertación para su reubicación ni alternativas productivas.
Además, sostienen que durante fines de semana y festivos —sus días más productivos— son perseguidos y desalojados, justo cuando tienen oportunidad de obtener mayores ingresos gracias al flujo de visitantes.
Un llamado a la administración municipal
Los vendedores ambulantes y estacionarios hacen un llamado urgente a la administración municipal de Puerto Colombia para que cesen los actos de persecución y se abra un espacio de concertación real que respete su derecho al trabajo y su arraigo en un espacio que, históricamente, ha sido parte de su vida económica y cultural.
“Lo que está ocurriendo es una forma de desplazamiento económico. Nos están sacando de un lugar que también nos pertenece, donde crecimos, trabajamos y aportamos al desarrollo del municipio”, concluyó otro de los comerciantes.
“Nos tratan como si fuéramos un estorbo. Lo que pedimos es que nos dejen trabajar, como siempre lo hemos hecho, sin perjudicar a nadie”, agregó una vendedora estacionaria.
Por una plaza viva y para todos
Desde las organizaciones de base y colectivos de economía informal, se insiste en que la reactivación turística y económica de Puerto Colombia no debe hacerse a costa de los derechos de quienes han mantenido viva la tradición comercial del muelle y su entorno durante décadas.
Se espera que la alcaldía reconsidere su postura, promueva una política pública inclusiva y garantice que el espacio público sea realmente para todos.
