El Gobierno nacional analiza implementar una nueva estrategia tarifaria para saldar la deuda de 1,2 billones de pesos que la empresa Air-e tiene con los generadores de energía, con el objetivo de evitar riesgos de racionamiento eléctrico en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La Superintendencia de Servicios Públicos, encargada de la intervención en Air-e, plantea que los recursos derivados de la próxima reducción de tarifas, anunciada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) con rebajas de hasta un 5 %, no sean trasladados de forma inmediata a los usuarios. En cambio, estos fondos se utilizarían para amortizar la deuda de la empresa, y posteriormente, se devolverían gradualmente a los consumidores.
La propuesta ha generado rechazo entre usuarios y gremios del sector eléctrico, quienes advierten que esta medida podría afectar aún más a las familias, que ya han soportado altos costos durante la pandemia y una sobretasa del 20 % para financiar subsidios.
Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la Costa Caribe, expresó su rechazo y pidió que “la totalidad de la rebaja tarifaria alivie las pesadas cargas de los usuarios”, recordando que esta rebaja fue resultado de luchas ciudadanas y medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas estudiará la propuesta antes de decidir sobre su aprobación e implementación.
