La disputa por el cobro de valorización en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad ha escalado al más alto tribunal administrativo del país. El Instituto Nacional de Vías (Invías) presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular la medida cautelar que suspendió este cobro, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
La entidad reclama que se ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, y señala que la decisión judicial pasó por alto las jornadas de socialización que, asegura, sí se realizaron con alcaldías, comunidades y mediante materiales informativos en el territorio.
“El perjuicio para la entidad es inminente”, advirtió Invías, al afirmar que la suspensión compromete la viabilidad del Cobro Nacional de Valorización (CNV), mecanismo con el que se busca financiar obras estratégicas de infraestructura.
Sin embargo, el Tribunal del Atlántico fue tajante al frenar el cobro. Argumentó que la socialización no puede limitarse a reuniones o plegables, sino que debe realizarse mediante una audiencia pública formal, como lo establece el artículo 32 de la Ley 489 de 1998. Solo así —dijo el fallo— se puede garantizar que la ciudadanía conozca en detalle los criterios técnicos, tarifas y zonas de influencia que definen el monto a pagar.
Además, el Tribunal señaló que el proceso no ha sido suficientemente transparente ni participativo, y recordó que el 65% de la obra no corresponde a doble calzada, lo cual cuestiona los criterios de proporcionalidad del cobro.
Mientras tanto, el Ministerio de Transporte y el Invías tienen orden de cesar cualquier actuación relacionada con el cobro, aunque pueden seguir trabajando en mesas técnicas y propuestas alternativas con participación ciudadana, expertos y autoridades locales.
Esta tutela será clave para determinar si el Gobierno puede reactivar el cobro en las condiciones actuales o si deberá rediseñar el proceso de cara a las exigencias de legalidad y participación ciudadana.
