La reciente decisión del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, de suspender la medida de ‘pico y placa’ para taxis ha generado un fuerte rechazo entre los taxistas organizados, quienes advierten que la medida no solo perjudica al sector, sino que podría agravar los problemas de movilidad y fomentar la competencia ilegal en la ciudad.
John Jairo Ibarguen, presidente de Sinditax, fue claro en manifestar el descontento del gremio: retirar la restricción para taxis, sin antes controlar la proliferación de vehículos particulares que operan ilegalmente como transporte público, es una medida incompleta que pone en riesgo el equilibrio vial y económico de Barranquilla.
Según Ibarguen, la ciudad podría ver añadidos entre 2.200 y 2.500 vehículos a la ya saturada malla vial, sin que exista una regulación similar para los particulares, lo que empeoraría el tráfico y la congestión. Para el gremio, esta decisión representa un espaldarazo a la ilegalidad, pues se “premia” a quienes operan fuera del marco normativo, mientras los taxis formales enfrentan jornadas laborales extensas y una competencia desigual.
El líder sindical recordó que estudios previos, incluso impulsados por el propio alcalde y su antecesora Elsa Noguera, recomendaban la implementación de un ‘pico y placa’ también para vehículos particulares, para controlar el flujo vehicular de manera equitativa. Por ello, la derogación unilateral para taxis es vista como una medida inconsulta y desproporcionada.
A la preocupación por la movilidad se suma el impacto económico en los conductores, muchos de los cuales ya enfrentan jornadas de hasta 20 horas para cubrir gastos y ahora ven amenazada su capacidad de generar ingresos ante la mayor competencia. El programa municipal «Taxi Chévere», que prometía facilitar créditos para la renovación vehicular, es señalado por Ibarguen como poco transparente y poco efectivo, con entregas de vehículos lentas y condiciones crediticias poco favorables.
Finalmente, el gremio hace un llamado urgente a las autoridades para que hagan cumplir la ley 336, que prohíbe que vehículos particulares presten servicio público sin homologación, y advierte que la persistencia de la ilegalidad podría llevar al colapso del servicio de taxi en Barranquilla, tal como ocurrió en otras ciudades.
En resumen, la suspensión del ‘pico y placa’ para taxis en Barranquilla abre un debate que va más allá de una simple medida de tránsito: pone sobre la mesa los retos de la regulación, la competencia y la sostenibilidad del transporte público en la ciudad.
