Tras la salida oficial de Laura Sarabia del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno designó a Rosa Yolanda Villavicencio Mapy como canciller encargada, una figura cercana al presidente Gustavo Petro que, sin embargo, llega al cargo con serias dudas sobre su perfil técnico y diplomático, especialmente en medio de la crisis por el contrato de pasaportes.
Villavicencio, activista y petrista reconocida, es especialista en cooperación internacional de la Universidad Complutense de Madrid y máster en migración y relaciones intercomunitarias. Antes de este encargo, se desempeñaba como viceministra de Relaciones Exteriores y fue secretaria general de la ONG AESCO, con sede en España.
Inglés limitado y posiciones polémicas
Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es su limitado dominio del inglés, una herramienta clave en la diplomacia internacional. Según su propia hoja de vida publicada por la Presidencia en abril de 2025, solo lo habla y escribe “de forma regular”, aunque afirma leerlo con mayor fluidez.
Además, Villavicencio ha sido señalada por sus posiciones públicas en defensa del régimen venezolano. En 2018, respaldó la controvertida reelección de Nicolás Maduro, cuestionada por buena parte de la comunidad internacional por la falta de transparencia electoral. En redes sociales llegó incluso a enfrentarse con figuras como el exministro Alejandro Gaviria, a quien acusó de lanzar opiniones “malintencionadas y perversas”.
Villavicencio también ha expresado públicamente su admiración por Hugo Chávez. En un artículo publicado tras la muerte del líder venezolano en 2013, escribió que Chávez “reivindicó a los pobres y les otorgó dignidad”, defendiendo su legado y criticando a la prensa internacional por cuestionarlo.
Incertidumbre sobre el contrato de pasaportes
Aunque su nombramiento es provisional, la experiencia reciente en el gobierno Petro ha demostrado que los encargos pueden prolongarse indefinidamente. Su llegada coincide con la necesidad urgente de definir si se firmará el nuevo contrato para la producción de pasaportes, actualmente en el limbo tras la salida de Sarabia.
La exministra dejó su cargo tras recibir múltiples recomendaciones jurídicas que le sugerían permitir la prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons por once meses más. Esta medida buscaba evitar una crisis en la expedición de pasaportes, especialmente a partir de septiembre de 2025, cuando vence el actual convenio.
Ahora, se desconoce si Villavicencio asumirá esa responsabilidad o si el proceso volverá a quedar estancado, lo que podría tener consecuencias logísticas y legales para millones de colombianos.
