Durante la auditoría a las 127 cárceles del país se encontró que las entidades del sistema penitenciario y carcelario en Colombia no han dado cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional.
- En el informe se establecieron 15 hallazgos fiscales por $78,4 mil millones.
- Los Centros de Detención Transitoria no cumplen con ninguna de las condiciones mínimas establecidas, registra cifras récord de hacinamiento superior al 500% y se evidenció ausencia absoluta de programas de resocialización y trabajo.
La Contraloría General de la República luego de realizar una auditoría de cumplimiento a la gestión fiscal desplegada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia -USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC y al Ministerio de Justicia y el Derecho, para determinar el cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013; T-762 de 2015, SU-122 de 2022 y los Autos 1096 y 1745 de 2024 de la Corte Constitucional, respecto del Estado de Cosas Inconstitucionales del Sistema Penitenciario y Carcelario del país, estableció 119 hallazgos, de los cuales 15 son fiscales en cuantía de $78,4 mil millones, resultantes del incumplimiento material adverso a las órdenes judiciales.
Incumplimientos en infraestructura carcelaria
En el Auto 1745 de 2024 la Corte Constitucional estableció que antes del 21 de abril del presente año, se debían haber terminado los diferentes proyectos de infraestructura (tal como ocurrió con obras complementarias en los establecimientos de Espinal, Itagüí y Barranquilla, y bloques de alojamiento en Ipiales, cupos penitenciarios en Buga). Sin embargo, ninguno ha sido finalizado o entregado a satisfacción, lo que ha traído como consecuencia que estos proyectos se encuentren totalmente suspendidos y pongan en riesgo otras obras. Se tienen 4.783 cupos inhabilitados por retrasos en la construcción de nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional -ERON en Pereira y Sábanas de San Ángel, y demoras en la entrada en operación de la infraestructura modular en Itagüí y un sector de ampliación en Buga. Las estructuras para alojamiento de guardias en Ipiales y Girón fueron suspendidas.
Los hallazgos fiscales por este componente se refieren a mantenimientos de calderas en La Picota, en la PTAP en Puerto Triunfo, estación de bombeo en Guaduas, generación de cupos penitenciarios en Buga, bloque de alojamiento en Ipiales, impermeabilización de cubiertas en Ipiales, portal de ingreso y obras complementarias en La Paz, Itagüí y, por último, ranchos fuera de operación en El Barne y Guaduas.
Incumplimientos en el componente de alimentación
En este componente se destaca el hallazgo fiscal por equipos sin uso en el rancho de El Barne, por $331 millones de pesos. En general, se evidenciaron falencias relacionadas con el estado físico, de seguridad y diseño sanitario de los ranchos, centros externos de producción y vehículos trasportadores de alimentos, los cuales presentan condiciones estructurales y de mantenimiento deficientes, lo que genera factores de riesgo y focos de insalubridad que pueden contaminar los alimentos.
Incumplimientos en el componente de salud
En este componente cabe destacar 3 hallazgos fiscales por $64 millones, por equipos biomédicos sin funcionamiento en La Modelo, La Picota y Buen Pastor, en Bogotá.
Uno de los aspectos más críticos es la falta de oportunidad en la atención médica. Se evidencian retrasos significativos en la programación y ejecución de consultas médicas generales y especializadas, así como en la realización de exámenes diagnósticos fundamentales (2199 procedimientos pendientes).
La entrega de medicamentos también presenta fallas recurrentes, tanto en términos de oportunidad como de cobertura (existen 4.124 órdenes de medicamentos pendientes). Se reportan casos en los que los tratamientos no llegan a tiempo o no son entregados de forma completa, y se identifican deficiencias en el manejo de medicamentos vencidos. Algunas unidades de sanidad presentan deterioro físico, humedades, falta de mantenimiento y ausencia de espacios adecuados para atender a personas con patologías que requieren aislamiento, como enfermedades infectocontagiosas.
Incumplimientos en los Centros de Detención Transitoria
Persiste una violación estructural, generalizada y continua a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad -PPL en los Centros de Detención Transitoria -CDT. En el 100 % de los visitados a nivel nacional, se identificaron niveles críticos de hacinamiento, brotes pandémicos sin tratamiento adecuado para evitar problemas graves de salud pública al interior de los centros y en el entorno, ausencia absoluta de programas de resocialización y trabajo, y limitaciones en los mecanismos efectivos de acceso a la justicia.
Se evidenció la presencia de personas condenadas en los CDT’s a pesar de la orden judicial de que estas personas sean trasladadas a los centros penitenciarios. Así, se encontraron PPL condenadas que han permanecido allí durante más de 7 meses.
Las tres ciudades con mayor hacinamiento registrado en los CDT’s son Quibdó, Barranquilla y Bucaramanga con un 500 % de sobrepoblación, en promedio. Actualmente se encuentra 21 mil personas detenidas en todas las estaciones de policía del país.
En lo que concierne a los CDT’s bajo responsabilidad de la Policía Nacional, se detectó que existen espacios temporales de reclusión habilitados de manera improvisada y transitoria, generalmente al interior de estaciones, subestaciones de policía y URIs.
Adicionalmente, se identifican deficiencias estructurales y funcionales en materia de infraestructura, condiciones sanitarias, capacidad instalada, recurso humano capacitado para la atención penitenciaria, cuerpos de custodia limitados, asignación presupuestal y la logística necesaria para realizar los traslados oportunos y las diligencias judiciales.
Persisten las limitaciones en el acceso a la justicia
Se encontraron falencias que impiden garantizar efectivamente el acceso a la administración de justicia para las PPL, tales como: problemas de conectividad en las salas de audiencia y en los CDT’s (teniendo que recurrir al uso de teléfonos de terceras personas); fallas e interrupciones en el servicio de internet, carencia de equipos de cómputo que permitan realizar oportunamente las audiencias programadas. Esto impide el oportuno acceso a la administración de justicia, en los términos exigidos por la Corte Constitucional, además de la tardanza en el trámite de los procesos judiciales. En el caso de los capturados extranjeros, el riesgo se evidenció en la imposibilidad de su identificación plena dentro del límite de horas establecidas para tal fin, lo que pone en riesgo la judicialización efectiva del extranjero.
No existen programas de resocialización que cubran la totalidad de las PPL, no se pudo evidenciar indicadores de resultados sobre la eficacia de estos programas implementados al interior de los penales. Del recurso destinado a la administración del sistema carcelario, tan solo el 2% se destina a las acciones de reintegración, así mismo la tasa de reincidencia de los capturados ha superado el 20%.
