La Corte Suprema de Justicia rechazó, por cuarta vez, la solicitud de libertad provisional presentada por la defensa del congresista Álvaro García, investigado por su presunta participación en el delito de desplazamiento forzado relacionado con la Masacre de Macayepo, ocurrida en el año 2000 en la región de los Montes de María.
En esta nueva decisión, el magistrado ponente, Ariel Salazar Caldas, fue enfático en señalar lo que considera una estrategia reiterada de maniobras dilatorias por parte del equipo jurídico de García, lo que ha impedido el avance procesal oportuno del caso. El alto tribunal cuestionó que, a pesar del tiempo transcurrido, la defensa siga interponiendo recursos con el aparente fin de entorpecer el desarrollo del juicio.
La Masacre de Macayepo dejó un saldo de 15 campesinos asesinados por paramilitares del Bloque Montes de María de las AUC, en un contexto de violencia política y despojo territorial. Álvaro García, quien ya fue condenado en 2010 a 40 años de prisión por otros delitos relacionados con la parapolítica, enfrenta este nuevo proceso bajo la lupa de la justicia transicional y ordinaria.
La Corte insistió en que no existen nuevos elementos que justifiquen la concesión de la libertad provisional y reiteró su compromiso con las víctimas del conflicto armado, quienes han esperado más de dos décadas por verdad, justicia y reparación.
La defensa de García podría volver a insistir en medidas similares, pero el alto tribunal dejó claro que seguirá evaluando cualquier solicitud con base en la garantía del debido proceso, sin que ello implique tolerar prácticas que dilaten innecesariamente el juicio.
