La Contraloría General de la República emitió este martes un fuerte señalamiento respecto al sistema penitenciario colombiano. Los Centros de Detención Transitoria (CDT) en ciudades como Barranquilla, Quibdó y Bucaramanga registran niveles de hacinamiento superiores al 500 %, una situación que viola derechos fundamentales de cientos de detenidos mientras aguardan traslado o proceso judicial.
$78 mil millones en hallazgos fiscales por incumplimientos judiciales
En la auditoría realizada a la USPEC, el INPEC y el Ministerio de Justicia, la Contraloría identificó 119 hallazgos, de los cuales 15 implican responsabilidad fiscal por $78.400 millones, consecuencia directa del incumplimiento de sentencias y autos judiciales dictados por la Corte Constitucional para mejorar las condiciones carcelarias.
Entre los hallazgos se destacan:
- Proyectos de infraestructura pendientes: obras en cárceles modulares, ampliaciones y estaciones de policía quedaron paralizadas, dejando más de 4.783 cupos inhabilitados en regiones como Pereira, Buga, Itagüí y más.
- Deficiencias graves en servicios esenciales: la alimentación y atención médica en cárceles como La Picota, El Buen Pastor y La Modelo presentan fallas sanitarias, materiales deteriorados y faltantes de medicamentos, con pedidos pendientes por 4.124 órdenes.
Violación estructural de derechos humanos
Los CDT fueron descritos por la Contraloría como espacios con condiciones indignas y deterioro persistente: ausencia total de programas de resocialización, brotes de enfermedades sin control y acceso limitado a justicia o atención médica. La situación no solo afecta a los internos, sino que también pone en riesgo la salud pública .
Además, se evidenció que muchos condenados permanecen en estos espacios, a pesar de contar con órdenes de traslado a cárceles permanentes, prolongando su encierro en condiciones precarias.
Barranquilla en la mira por hacinamiento extremo
La ciudad, además de estar entre las más afectadas, presenta situaciones críticas: en una estación policial se encontraron 757 internos alojados en espacios con capacidad para 310, es decir, una ocupación del 244 %, confirmando el caos que también se replica en otros CDT de la región .
¿Por qué es urgente atender esta crisis?
- La regla constitucional, y sentencias como el Auto 1745 de 2024, exigieron obras de infraestructura y mejoras en operaciones carcelarias antes del 21 de abril, sin cumplirse.
- El resultado: inversión pública bloqueada, retórica sin resultados y agravamiento del hacinamiento, con miles de personas en espacios improvisados dentro de estaciones policiales.
- La Contraloría demanda acción inmediata, cumplimiento de fallos judiciales, inversión real en infraestructura y programas efectivos para respetar la dignidad de las personas privadas de libertad.
