Unas 60 familias campesinas fueron desalojadas de un terreno ubicado en el corregimiento de Palmar de Candelaria, en el municipio de Luruaco, Atlántico. El operativo fue adelantado con acompañamiento de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), aunque finalmente se logró establecer una mesa de diálogo para evitar enfrentamientos.
Los campesinos denuncian que el proceso, en el que intervino la Agencia Nacional de Tierras y una entidad representada por la señora Sonia Fontalvo, habría estado viciado y favoreció a personas con alto poder adquisitivo, dejando por fuera a las comunidades rurales que habitaban la zona.
Según los afectados, las tierras en disputa fueron adjudicadas durante el anterior gobierno nacional a personas «adineradas», y no a campesinos sin tierra, como establece el principio de reforma agraria.
Además, algunos líderes comunales han advertido que han recibido amenazas por oponerse al desalojo y denunciar presuntas irregularidades.
La comunidad pide la intervención urgente del actual Gobierno Nacional para revisar el proceso y garantizar la protección de sus derechos.
