Crece la indignación entre los habitantes de Puerto Colombia y otros municipios de los departamentos de Atlántico y Bolívar ante lo que consideran un “impuesto absurdo, injusto e ilegal” por concepto de valorización, promovido en conjunto por entidades como el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La molestia se ha intensificado en redes sociales, donde líderes ciudadanos, organizaciones comunitarias y residentes denuncian que el nuevo cobro, que se aplicaría a gran parte de la población sin una consulta real ni estudios técnicos públicos, afectará el bolsillo de miles de familias que ya enfrentan dificultades económicas.
Lo que ha generado aún mayor polémica es el respaldo del municipio de Puerto Colombia a esta iniciativa. “Que el Gobierno Nacional intente justificarlo es preocupante, pero que el mismo municipio respalde este atropello a sus ciudadanos es totalmente inaceptable. ¡No hay derecho!”, expresó un vocero comunitario en redes sociales.
Los opositores al cobro de valorización alegan que se trata de una medida que carece de legalidad y equidad, y que no tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas de los sectores que serían gravados.
Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial explicando los criterios de respaldo al impuesto ni las obras que lo justificarían.
El malestar va en aumento, y ciudadanos anuncian movilizaciones y acciones jurídicas para frenar lo que consideran una “carga arbitraria” en contra de la comunidad.
