Una nueva tensión se cierne sobre el sistema judicial colombiano. El recién posesionado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, prepara un decreto que podría reconfigurar, con un solo trazo normativo, el rol del Consejo de Estado como juez de primera instancia en las tutelas contra el Presidente de la República.
La medida, que revertiría una norma emitida durante el gobierno de Iván Duque en 2021, busca devolverle a los jueces del circuito la competencia de conocer estos recursos, bajo el argumento de que “la Constitución así lo establece” y que “cualquier juez puede hacerlo”, según explicó el propio Montealegre.
Pero la propuesta no llega en un vacío jurídico ni político. En los últimos meses, el Consejo de Estado ha emitido una cadena de decisiones que han incomodado a la Casa de Nariño: congeló el polémico ‘decretazo’ de la consulta popular, prohibió que se transmitieran los consejos de ministros por canales privados, y ordenó retractaciones públicas al presidente Petro por declaraciones contra la familia Vargas Lleras y sobre el asesinato de Gloria Lara. Aun así, también ha fallado a su favor en otros casos, como la tutela por los buses diésel y la polémica exhibición de la bandera del M-19.
Para muchos analistas, el decreto es cualquier cosa menos inocente.
“Este borrador representa un retroceso preocupante en el control judicial al Presidente”, advirtió Wilson Ruiz, exministro de Justicia de Duque, quien además considera que sustituir al Consejo de Estado por jueces del circuito debilita el nivel técnico y el criterio unificado que ha caracterizado la jurisprudencia del alto tribunal.
La crítica va más allá del fondo jurídico. Para Ramiro Bejarano, reconocido constitucionalista, el cambio es legal, sí, pero motivacionalmente cuestionable:
“Es una maniobra que busca poner al Presidente a salvo de sentencias que no le gustan. El Consejo de Estado dejaría de ser juez de tutelas y eso, en el fondo, reduce el control al poder”.
Desde otro ángulo, el penalista Francisco Bernate reconoce que no sería la primera vez que un gobierno mueve por decreto la competencia de las tutelas. Pastrana y Duque también lo hicieron. Sin embargo, eso no convierte la medida en sensata:
“Jurídicamente es posible, pero no es conveniente. Los altos dignatarios del Estado deben responder ante altas autoridades. El Consejo de Estado es la máxima instancia administrativa y lo correcto es que sea esa corte la que conozca de las tutelas contra el Presidente”.
La iniciativa, en definitiva, abre un debate más amplio sobre los límites del poder presidencial, el papel de los jueces en el equilibrio institucional y la independencia de la justicia frente al Ejecutivo. Para el abogado Fabio Humar, lo que hay es una confrontación directa:
“El Ejecutivo está peleando con el árbitro. El Consejo de Estado ha sido una piedra en el zapato para muchos gobiernos. Entonces, ahora lo sacan del camino”.
El decreto está en borrador. Pero el mensaje político —y su potencial efecto institucional— ya está escrito en letras grandes: menos control, más blindaje.
