Con una votación mayoritaria en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el Congreso aprobó de forma definitiva la reforma pensional propuesta por el Gobierno nacional, luego de haber subsanado el vicio de procedimiento señalado por la Corte Constitucional en el Auto 841.
El nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez comenzará a regir el 1 de julio de 2025, aunque su implementación aún está sujeta a la revisión del alto tribunal, que deberá confirmar si los ajustes realizados por el Congreso cumplen con los requerimientos legales.
El presidente Gustavo Petro celebró el avance de la reforma con un mensaje contundente: “Hemos triunfado. Que vivan los abuelos”, en alusión a uno de los objetivos centrales del proyecto: ampliar la cobertura para adultos mayores en condición de pobreza o que no lograron acceder a una pensión.
Un sistema de cuatro pilares: ¿cómo funcionará?
La columna vertebral de la nueva reforma se basa en cuatro pilares que estructuran el acceso a la pensión de acuerdo con el historial laboral y la situación socioeconómica de cada ciudadano:
📌 Pilar solidario
Dirigido a hombres mayores de 65 años y mujeres de 60 años en situación de pobreza o vulnerabilidad (según el Sisbén hasta nivel C3), incluyendo personas con discapacidad.
Estos beneficiarios recibirán una renta mensual de $223.800, equivalente al umbral de pobreza extrema proyectado para 2024.
📌 Pilar semicontributivo
Para personas que cotizaron entre 300 y 999 semanas y no alcanzaron a pensionarse. Recibirán una renta vitalicia calculada sobre sus ahorros, más un rendimiento anual del 3% y un subsidio adicional del 20% para hombres y del 30% para mujeres sobre el saldo.
Quienes cotizaron menos de 300 semanas, podrán acceder a una devolución de aportes.
📌 Pilar contributivo
Quienes coticen hasta 2,3 salarios mínimos destinarán sus aportes a Colpensiones. Todo lo que exceda ese monto será dirigido a los Fondos de Pensiones Privados (AFP). Ambos componentes se sumarán para conformar una única pensión de vejez.
Este pilar no modifica las condiciones de pensión actuales: se mantienen los 1.300 semanas cotizadas, y las edades de 62 años para hombres y 57 para mujeres.
📌 Pilar de ahorro voluntario
Cualquier ciudadano podrá realizar aportes voluntarios adicionales para aumentar el valor de su pensión en el futuro. Este componente busca incentivar el ahorro previsional de forma libre e individual.
¿Quiénes pueden quedarse en el régimen anterior?
Las personas que tengan 900 semanas cotizadas (hombres) o 750 semanas (mujeres) al 1 de julio de 2025 podrán continuar bajo el régimen anterior (Ley 100 de 1993). También se garantiza un periodo de dos años para que quienes estén próximos a pensionarse puedan realizar el traslado de régimen, previa asesoría doble.
Asimismo, los derechos adquiridos se respetan: quienes ya están pensionados conservarán todas sus condiciones actuales.
Nuevos beneficios para mujeres, trabajadores rurales y cuidadores
La reforma contempla medidas especiales para grupos históricamente excluidos del sistema pensional. Entre ellas se destacan:
- Reducción de semanas para mujeres con hijos: podrán descontarse 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres (150 semanas en total).
- Pensión familiar: permite que dos miembros de una familia sumen sus aportes para acceder a una pensión conjunta.
- Condiciones especiales para cuidadores de personas con discapacidad permanente.
- Flexibilidad para cotizantes rurales e independientes: podrán cotizar por días o semanas, incluso anticipadamente hasta por 12 meses, facilitando el acceso al sistema para trabajadores informales y del campo.
Lo que sigue: revisión de la Corte Constitucional
Aunque la norma ya fue aprobada en el Congreso, la Corte Constitucional aún debe pronunciarse sobre la validez del trámite legislativo, tras la corrección del vicio advertido anteriormente. Solo entonces podrá entrar plenamente en vigor.
La reforma pensional marca un cambio estructural en el modelo previsional colombiano, con un enfoque más inclusivo y redistributivo. Sin embargo, también ha generado críticas desde sectores económicos y políticos que cuestionan su sostenibilidad fiscal a largo plazo.
