La denuncia penal interpuesta por Grupo Argos contra el periodista y veedor Horacio Brieva reaviva el debate sobre el derecho a la contraloría ciudadana frente a megaproyectos urbanísticos.
En Barranquilla, la disputa por el modelo de ciudad volvió a judicializarse. El pasado 20 de junio, el conglomerado Grupo Argos presentó una denuncia penal contra el periodista y ambientalista Horacio Brieva Mariano por los presuntos delitos de pánico económico, injuria y calumnia. El motivo: sus críticas públicas al proyecto urbanístico Ciudad Mallorquín, en el área metropolitana de la ciudad.
La denuncia fue interpuesta por el abogado Jesús Albeiro Yépez, en representación de la unidad de Desarrollo Urbano de Argos, dirigida por María Clara Aristizábal. Para el ambientalista, sin embargo, esta acción legal no es un simple recurso jurídico, sino “un intento brutal de sofocar el debate urbano y ambiental”.
La defensa: una crítica con respaldo legal
Brieva, respaldado por la lideresa social María Correa Vásquez, rechazó los señalamientos y denunció lo que consideran un nuevo episodio de judicialización de la crítica social. Aseguran que sus declaraciones no solo están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, sino también sustentadas en informes técnicos, decisiones judiciales y acciones oficiales. Entre ellas, una investigación en curso de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y una acción popular liderada por la Procuraduría ante el Tribunal de Cundinamarca.
El foco de su denuncia pública: la posible afectación al ecosistema de bosque seco tropical, uno de los más amenazados del país, y los impactos socioambientales sobre comunidades aledañas.
¿Debate legítimo o daño reputacional?
Desde el lado de la empresa, la acusación se enmarca en lo que consideran una campaña que genera desinformación y afecta la imagen y la estabilidad económica del proyecto, el cual promete transformar una zona extensa del municipio de Puerto Colombia.
Pero los defensores ambientales ven otra cosa: una amenaza contra el derecho ciudadano a vigilar y opinar sobre las decisiones que afectan su entorno. Por ello, Brieva y Correa han hecho un llamado urgente a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que acompañen el proceso y exijan garantías para la libertad de prensa y la veeduría ciudadana.
El fondo del conflicto
Lo que está en juego va más allá de una querella legal. En el fondo, se libra una pugna por el modelo de desarrollo urbano que se quiere para Barranquilla y su área metropolitana: ¿una expansión sostenida por grandes constructoras o una planificación que respete los ecosistemas y la participación ciudadana?
“Rechazamos la judicialización de la contraloría social”, concluyen Brieva y Correa en un comunicado en el que invitan a la sociedad civil, medios de comunicación y autoridades a verificar de manera pública la información y sostener abierto el debate sobre los impactos del proyecto.
Por ahora, la tensión crece. Y con ella, el interrogante: ¿puede una crítica ambiental llevar a la cárcel a un ciudadano?
