El presidente vuelve a encender el debate nacional al justificar la participación pública de personas privadas de la libertad, en el marco de su estrategia de reconciliación con las bandas criminales urbanas.
En medio de un país que aún intenta comprender los matices entre justicia, reconciliación y perdón, el presidente Gustavo Petro lanzó una nueva afirmación que ha sacudido el escenario político:
“Se dedican a tirar rayos, hasta la Defensora del Pueblo, que no se da cuenta que poner a esos señores que están presos a hablar delante del pueblo, que fue víctima de ellos, habla de restauración.”
Con estas palabras, el jefe de Estado respondió a las críticas por la presencia de cabecillas señalados de estructuras criminales en un evento oficial organizado por el Gobierno, como parte del programa de “paz urbana”. El encuentro tuvo lugar en Medellín, ciudad históricamente golpeada por bandas y redes del crimen organizado.
Una escena polémica
La imagen fue potente: individuos vinculados a delitos graves, algunos aún privados de libertad, hablando públicamente como voceros de una supuesta transición hacia la no violencia. Para Petro, ese acto simboliza el inicio de una justicia restaurativa, en la que las víctimas escuchan y los victimarios, al menos, rinden cuentas simbólicas.
Pero no todos lo vieron así. Desde sectores políticos opositores, colectivos de derechos humanos e incluso voces institucionales como la de la Defensora del Pueblo, se cuestionó la legitimidad del acto. Para algunos, fue una afrenta directa a las víctimas; para otros, una peligrosa señal de impunidad.
El cruce con la Defensoría
La crítica de Petro a la defensora del Pueblo no pasó desapercibida. El mandatario consideró que su postura minimiza la dimensión restaurativa del proceso, y reafirmó que no se trató de una apología del delito, sino de un gesto político necesario para desmontar el poder criminal desde adentro.
Mientras tanto, la defensora expresó preocupación por la revictimización de comunidades que han sufrido históricamente la violencia de estos actores. Según ella, aún no hay condiciones claras de verdad ni reparación que permitan ese tipo de escenarios.
Galán y el tono legal
En paralelo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también tuvo que responder por otro episodio polémico: la investigación relacionada con la designación del alcalde local de Usme.
“Se actuó en el marco de la ley”, aseguró el mandatario distrital, intentando cerrar el capítulo que ha generado cuestionamientos sobre transparencia en el proceso.
¿Paz o concesión?
La propuesta de “paz urbana” del Gobierno Petro busca reducir la violencia en territorios dominados por grupos ilegales, a través de procesos de diálogo, sometimiento y reintegración. Pero el camino es espinoso. Cada acto simbólico, como el de Medellín, puede convertirse en campo de batalla política.
¿Hasta qué punto un micrófono a un preso es un acto de justicia restaurativa? ¿Cuándo comienza el perdón y termina la rendición del Estado? En esa delgada línea se mueve hoy el discurso oficial, entre los aplausos de quienes creen en el poder del diálogo y la alarma de quienes ven una peligrosa permisividad con el crimen.
