Una propuesta confidencial, rechazada en silencio, ha abierto una grieta en la ya tensa relación entre el Gobierno Nacional y la justicia. El país se estremece ante la revelación de un documento —DT2025-03— que contenía un acuerdo propuesto entre el Ejecutivo y el Consejo Superior de la Judicatura para que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) accediera a datos financieros de magistrados, jueces y fiscales.
El asunto cobró notoriedad tras una columna del exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien no dudó en calificar el intento como una amenaza a la independencia judicial. ¿Qué buscaba el Gobierno al permitir que una entidad de inteligencia financiera consultara información protegida por reserva legal? La pregunta retumba con fuerza en un momento en que las tensiones entre la Casa de Nariño y las altas cortes se han hecho cada vez más visibles.
El argumento detrás del convenio era combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, amparado en la Ley Estatutaria de Inteligencia (1621 de 2013). Sin embargo, la amplitud del acceso solicitado y el sigilo con el que se movió el proceso levantaron sospechas de una posible intromisión en los asuntos del poder judicial.
En los términos del convenio, la UIAF se comprometía a no usar la información con fines comerciales y a mantener estrictos protocolos de seguridad. Pero la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial se vería obligada a abrir los sistemas de registro y garantizar el flujo de datos hacia los agentes de inteligencia. En la práctica, una puerta trasera al corazón mismo del aparato judicial.
Para Martínez, esto no es un hecho aislado. Lo ubica dentro de lo que llama una campaña sistemática del presidente Gustavo Petro contra las cortes, a las que ha acusado públicamente de ser parte de un supuesto “golpe blando”. En ese contexto, este intento de monitoreo financiero no es solo un tecnicismo legal, sino una señal peligrosa de presión institucional.
“El Estado de Derecho no se construye espiando a los jueces”, sentenció el exfiscal. Y en esa frase, muchos ven el núcleo de un debate mayor: ¿hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en su lucha contra el crimen sin poner en riesgo la separación de poderes?
De momento, la Judicatura rechazó el acuerdo, pero el documento existe. Y su sola redacción ya plantea dudas incómodas. En un país donde la institucionalidad se sostiene con dificultad sobre equilibrios frágiles, esta historia plantea una alerta: la lucha contra el delito no puede convertirse en una excusa para vigilar al poder que precisamente debe controlarlo.
