Una tormenta de inconformidad se ha desatado entre empresarios transportadores y pequeños comerciantes, quienes denuncian que la implementación del permiso de cargue y descargue en las vías del Distrito de Barranquilla, se hizo sin previa socialización, con tarifas consideradas como excesivas, arbitrarias y desconectadas de la realidad económica del gremio, desestimulando la operatividad del transporte de carga.
Desde hace pocas semanas, quienes transportan mercancía en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla deben acogerse a un permiso de cargue y descargue que exige no solo una serie de trámites burocráticos, sino también el pago de tarifas que, según comerciantes locales, ponen en riesgo la sostenibilidad de sus negocios hasta el punto de llevar a pensar a muchos en dejar de operar en esta ciudad por carecer de rentabilidad con el cobro de tarifa para cargue y descargue.
Las tarifas oficiales hablan por sí solas:
- $40.000 COP por día
- $609.000 COP por mes
- $2.961.000 COP por semestre
A esto se suma la restricción horaria impuesta por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial:
De lunes a viernes solo se permite el cargue y descargue de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., y los sábados únicamente en la mañana.
Esta limitación no solo interfiere con los horarios comerciales más activos, sino que también provoca congestión logística y sobrecostos operativos que recaen directamente sobre los pequeños comerciantes.
“Es un abuso. Nos están cobrando casi tres millones de pesos por semestre sin haber hecho una sola reunión con el gremio, sin explicar cómo llegaron a esos valores ni qué alternativas tenemos”, señaló un vocero de una asociación de pequeños transportadores, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.
Los comerciantes aseguran que la medida se impuso de manera unilateral, sin diálogo ni consulta con los sectores afectados. “Esto es un ataque directo al comercio formal. ¿Cómo esperan que el pequeño empresario pague una tarifa mensual que representa más del 30% de sus ingresos?”, denunció la administradora de un local en el centro de Barranquilla.
La solicitud del permiso, según la normativa, debe hacerse con ocho días hábiles de anticipación al inicio de la actividad. Esto significa que cualquier operación logística debe ser planeada con rigidez, ignorando la realidad dinámica y cambiante del comercio, especialmente en una ciudad portuaria como Barranquilla.
Frente al creciente malestar, gremios y asociaciones de transportadores exigen que la Oficina de Tránsito suspenda inmediatamente la aplicación de las tarifas y convoque a una mesa de trabajo con participación activa de los afectados. La exigencia principal: una regulación justa, proporcional y socializada que no asfixie a quienes mueven la economía local.
Por ahora, la falta de respuesta oficial solo alimenta la indignación de un sector que siente que se le están cerrando las puertas del desarrollo bajo el peso de medidas improvisadas, mal comunicadas y económicamente insostenibles.
