La Universidad del Atlántico vuelve al foco del debate institucional. Esta vez, por orden de un juez, el Consejo Superior deberá reanudar —en un plazo “improrrogable” de 48 horas— las sesiones suspendidas semanas atrás, justo cuando se discutía una polémica reforma al artículo 29 del Estatuto General, que podría abrirle la puerta a la reelección del actual rector, Danilo Hernández.
La orden proviene del Juzgado Noveno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla, como resultado de una tutela presentada por Angely Díaz Cordero, representante estudiantil ante el Consejo Superior. En su argumento, Díaz defendió el derecho al debido proceso, que, según afirmó, se estaba viendo vulnerado tras la interrupción abrupta de las sesiones.
Esta suspensión inicial había sido ordenada por el Juzgado Diecinueve Penal Municipal con Función de Control de Garantías, tras una acción judicial promovida por Johnatan Camargo Moya, egresado y exrepresentante estudiantil, quien también cuestionaba la legalidad del procedimiento para modificar los estatutos.
Con este nuevo fallo, el camino queda despejado —al menos temporalmente— para que se reabra la discusión. La medida judicial exige, además, que la universidad notifique de inmediato la decisión a todas las partes implicadas, incluyendo la Defensoría del Pueblo, y ordena el envío del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Este episodio reaviva el debate sobre la gobernanza universitaria y la transparencia en las decisiones que definen el futuro de una de las instituciones educativas más importantes del Caribe colombiano.
