La reconocida periodista de investigación colombiana Amalfi Rosales hizo pública una grave denuncia sobre una persecución sistemática y amenazas de muerte en su contra debido a sus reveladoras investigaciones sobre corrupción y narcotráfico, que involucran a altos funcionarios y exfuncionarios del país.
Rosales, quien ha dedicado más de 16 años a investigar redes de corrupción, paramilitarismo y tráfico de drogas, asegura haber recibido una advertencia directa sobre un plan para asesinarla, presuntamente orquestado por el Mayor Peter Nocua, oficial de la Policía Nacional y sobrino del exgeneral William René Salamanca. Las pesquisas de Rosales señalan vínculos entre Salamanca y el contrabandista Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”, además de la condena del exalcalde de La Jagua del Pilar, José Amiro Morón, otra figura involucrada en sus investigaciones.
La periodista denuncia además la falta de garantías y protección por parte de las autoridades. A pesar de haber reportado las amenazas a la Fiscalía, Procuraduría y la Unidad Nacional de Protección (UNP), acusa a esta última de ineficacia y hasta complicidad, señalando que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ha intentado desmantelar su esquema de seguridad. Rosales también denuncia acoso judicial, intentos de soborno e intimidación por parte de Jorge Luis Alfonso López, alias “El Gatico”, condenado por el asesinato de otro periodista.
La periodista hizo un llamado urgente a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU, la OEA y diversas ONG, para que intervengan y garanticen su seguridad ante la grave situación que enfrenta. Rosales afirma que no se silenciará y responsabiliza directamente a los involucrados en caso de que su vida corra peligro.
Según la FLIP, en casos de asesinatos vinculados al oficio de periodista, la impunidad alcanza el 78,8 %, y en el de amenazas llega al *98 %* . En 2024 ya murieron dos periodistas, y hubo múltiples amenazas y agresiones a lo largo del año . Reporteros Sin Fronteras señala que desde septiembre de 2024 han crecido las amenazas, especialmente hacia quienes investigan grupos paramilitares y crimen organizado . Un caso reciente: en Caquetá, la periodista Yuliana Sánchez recibió amenazas de muerte concretas (“le vamos a cortar la cabeza”). Pese a haber solicitado protección, aún espera medidas concretas .
Este caso pone en evidencia la grave crisis de seguridad para los periodistas que denuncian la corrupción en Colombia y resalta la necesidad urgente de protección efectiva para quienes ejercen la labor de investigación en el país.
