El presidente Gustavo Petro reafirmó su compromiso con una reforma constitucional profunda y advirtió que, si la Corte Constitucional tumba la consulta popular convocada por su gobierno, impulsará una Asamblea Nacional Constituyente respaldada por el pueblo.
En entrevista con CNN, Petro aseguró que, si la Corte invalida la convocatoria, recogerá 8 millones de firmas para presentar nuevamente la consulta. En caso de que también sea rechazada, el mandatario propuso que el pueblo, a través de elecciones, solicite una Asamblea Constituyente. Destacó que este proceso no tiene fines personales, ya que al finalizar el proceso él habrá terminado su mandato.
El presidente defendió su acción, argumentando que la Ley 1757 le otorga esta facultad, dado que la votación en el Senado se realizó de manera “tramposa”. La consulta popular propuesta busca reformas laborales y sanitarias polémicas, consideradas inconstitucionales por expertos y la oposición. El decreto presidencial que la convoca ya enfrenta demandas legales, intensificando la tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, acusó al mandatario de “socavar la institucionalidad del Estado” y de haber “pasado por encima de la Constitución y la ley”. Por su parte, el ministro de Justicia entrante, Eduardo Montealegre, respaldó la postura de Petro, argumentando que la Constitución de 1991 se ha vuelto un obstáculo para el cambio social y requiere rediseño. Montealegre señaló que un proyecto respaldado por 8 millones de firmas no necesitaría pasar por el Congreso, promoviendo así una vía popular para el cambio constitucional.
La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente ha generado controversia en el país. Según una encuesta realizada por la empresa Cifras y Conceptos, el 61% de los colombianos no apoya que el presidente Gustavo Petro convoque a una Asamblea Constituyente para reformar la actual Constitución de 1991. Sin embargo, Petro ha insistido en que el pueblo tiene el derecho de decidir sobre su futuro constitucional.
La situación continúa siendo objeto de debate y análisis en el país, con diversas opiniones sobre la legalidad y la necesidad de una reforma constitucional profunda.
