Como parte de sus funciones de control preventivo y promoción del interés público, la Procuraduría General de la Nación suscribió un memorando de entendimiento con la Corporación Grupo de Diálogo sobre Minería (CGDIAM), con el fin de coordinar esfuerzos orientados a la formulación de políticas públicas que impulsen la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), bajo un enfoque de género.
Como parte de esta alianza, la Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial lideró la coordinación de un espacio de diálogo multiactor centrado en los municipios mineros del departamento de Nariño. La jornada contó con la participación de cerca de 50 representantes de entidades del Gobierno Nacional, Ministerio Público, autoridades regionales y locales, así como de organizaciones y actores del sector minero.
Durante la jornada, se abordaron temas como el rol de la mujer, la participación de comunidades étnicas, la minería de subsistencia, la coexistencia minera y los efectos de la extracción ilícita de minerales. En el marco de este ejercicio participativo, se priorizaron tres ejes de conflictividad: la presencia de grupos armados en los territorios mineros, que limita el ejercicio de derechos y la acción estatal; la falta de infraestructura básica, que perpetúa la exclusión social; y, por último, las dificultades en los procesos de formalización minera.
Finalmente, se identificaron problemáticas interrelacionadas como disputas por la titularidad de los territorios, traslape de títulos con territorios étnicos, limitaciones para la comercialización legal del oro y débil articulación interinstitucional, todos factores que debilitan la gobernanza y normalizan la informalidad. Esta iniciativa reafirma el compromiso de ambas entidades con la prevención de conflictos, la legitimidad del Estado y la promoción de la democracia en las regiones.
