El Decreto 0639, firmado el pasado 11 de junio por el presidente Gustavo Petro para convocar a una consulta popular de carácter nacional, ha abierto un nuevo frente de controversia dentro y fuera del Gobierno. Más allá del debate sobre el contenido del mecanismo, el hecho de que cuatro ministros en propiedad no hayan firmado el documento encendió las alarmas políticas y jurídicas.
Aunque el decreto fue avalado por varios altos funcionarios, los nombres de los ministros Laura Sarabia (Relaciones Exteriores), Edwin Palma (Minas), Lena Yanina Estrada (Ambiente) y Eduardo Montealegre (Justicia, en calidad de designado) no aparecen en la lista de firmantes. En su lugar, lo hicieron viceministros y directores de entidades adscritas, un detalle que no ha pasado desapercibido para los sectores de oposición.
“Es un hecho gravísimo que muestra fracturas dentro del gabinete”, señalaron desde bancadas opositoras, que ya anunciaron que interpondrán acciones legales para frenar el avance del decreto. Mientras tanto, el Gobierno guarda silencio frente a las razones de las ausencias ministeriales en una decisión de esta magnitud.
El decreto —que ya fue radicado en el Congreso como propuesta formal para su estudio— busca que la ciudadanía se pronuncie en las urnas sobre temas de reforma, en medio de la demora del Legislativo para aprobar algunas de las iniciativas clave del Ejecutivo. El secretario general del Senado, Diego González, confirmó que la solicitud del Gobierno podría ser debatida en plenaria entre el jueves 12 y el lunes 16 de junio.
La oposición ha calificado el movimiento como un “decretazo” que bordea los límites del orden constitucional, mientras desde la Casa de Nariño defienden el mecanismo como una vía legítima de participación democrática ante los bloqueos del Congreso.
La situación evidencia una tensión creciente entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado, y deja abierta la pregunta sobre qué tan cohesionada está realmente la administración Petro para afrontar lo que podría convertirse en un nuevo capítulo de confrontación institucional.
