La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del ex Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Alfonso Sneider Manzur Arrieta, así como contra otros cinco exfuncionarios de esa entidad, por presuntas irregularidades en la expedición de 18 licencias de funcionamiento otorgadas a empresas de vigilancia privada de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Yopal, Bello (Antioquia) y Zipaquirá (Cundinamarca).
Los otros exservidores investigados son la entonces superintendente delegada para la Operación de los Servicios de Vigilancia, Lisseth Paola Salazar Narváez; el asesor de despacho, Rodrigo Andrés Linares Díaz; los profesionales Álvaro Osuna Padilla y Yineth Carolina Paruma Guevara, y la contratista de esa entidad para la época de los hechos, Olga Lucía Acosta.
El órgano de control investiga el trámite realizado para la expedición de las licencias, incluyendo la aprobación de esquemas de seguridad, así como una aparente omisión en el registro documental de esas autorizaciones en las plataformas institucionales.
También es objeto del proceso la conducta de una contadora que certificó a ocho de esas empresas para la obtención de las licencias, mientras actuaba al mismo tiempo como contratista de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.
