Una decisión judicial ha generado conmoción en Córdoba. Un juez de control de garantías ordenó la libertad de Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, investigados por el asesinato del ganadero Esteban Rafael Urueta González y sus trabajadores Geraldo Marzola Coronado y Fredy Beleño Acosta, debido al vencimiento de términos en el proceso judicial.
El triple crimen ocurrió en septiembre de 2024 en zona rural de Chimá. Las víctimas desaparecieron el día 10 y sus cuerpos fueron hallados en una fosa común tres días después. Según Medicina Legal, dos de los cuerpos fueron incinerados y uno presentaba impactos de bala.
La detención de los presuntos responsables se realizó el 22 de septiembre en Cartagena. Sin embargo, 173 días de retrasos y fallas administrativas paralizaron el proceso, provocando su excarcelación.
Angélica Sáez, viuda del ganadero, expresó su dolor e indignación en redes sociales: “La justicia terrenal y el sistema jurídico ya nos falló… Hoy dejo todo en manos de Dios”. Su testimonio se ha viralizado y ha avivado el debate sobre la impunidad en casos de alto impacto.
