Cuando proteger se convierte en omitir
Por: Amalfi Rosales
En Colombia, la muerte de un líder social, un periodista o un funcionario amenazado no siempre es el resultado directo de una bala. A veces es la consecuencia de un correo sin respuesta, de un análisis de riesgo que nunca se hizo, o de un funcionario que decidió mirar hacia otro lado. Y en el centro de esa cadena de omisiones aparece una figura cuya continuidad en el cargo ya es insostenible: Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP)
Rodríguez llegó a la UNP como cuota de confianza del gobierno Petro, con el encargo de blindar la vida de quienes luchan por la democracia, la paz y la justicia en los territorios. Pero hoy su gestión está marcada por esquemas de seguridad recortados sin explicación, solicitudes ignoradas y decisiones que han costado vidas. El más escandaloso de estos casos es el del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio, justo después de que su esquema de seguridad fuera reducido de siete escoltas a tres. La familia del congresista ha denunciado penalmente al director de la UNP por omisión, y la Procuraduría ya abrió una investigación disciplinaria para esclarecer su responsabilidad.
Pero el drama no termina allí. El coronel (r) Élmer Fernández Velasco, entonces director de la cárcel La Modelo, fue asesinado el 16 de mayo de 2024, tras haber denunciado amenazas, recibido panfletos intimidatorios y solicitados esquemas de protección que nunca se le otorgaron. Su familia también había pedido intervención ante el riesgo inminente. Según versiones oficiales, la UNP no actuó porque “no existió una solicitud formal” del caso. Una explicación burocrática que suena insultante cuando el resultado es la muerte de un funcionario del sistema penitenciario, en medio de una declaratoria de emergencia carcelaria y con antecedentes claros de vulnerabilidad. La Procuraduría abrió una investigación, pero no contra la UNP, sino contra funcionarios del Inpec. Sin embargo, este caso demuestra un patrón más amplio: el Estado no responde a tiempo, no coordina entre sus instituciones, y sus mecanismos de protección están rotos.
La defensa de Rodríguez se ha centrado en tecnicismos: que “no hubo solicitud formal”, que “no era competencia directa de la UNP”. Pero esa lógica burocrática no puede justificar la pasividad institucional ante amenazas de muerte. Si una entidad creada para proteger no actúa con iniciativa, sino que espera que todo llegue con membrete y firma, entonces no es un mecanismo de protección: es una oficina de trámites. Y Rodríguez, como cabeza de esa entidad, no puede seguir excusándose en vacíos administrativos mientras corren ríos de sangre en el Cauca, el Catatumbo, Chocó o Bogotá.
Dirigir la UNP requiere más que ordenadores de gasto. Se necesita empatía, criterio, responsabilidad y un profundo sentido del deber. Lo que está en juego es la vida de quienes enfrentan estructuras armadas, mafias, disidencias o redes criminales, solo por ejercer su derecho a defender el territorio, denunciar corrupción o hacer política. Pero bajo la gestión de Rodríguez, el sistema se volvió ineficiente, opaco y peligrosamente politizado.
Sí, la UNP tiene problemas estructurales. Pero eso no exime al director de su responsabilidad. En lugar de encabezar una reforma seria, Rodríguez ha preferido los micrófonos, los enfrentamientos con opositores, y un estilo de administración que parece más motivado por la ideología que por el deber constitucional. Las cifras son claras: más de 500 líderes asesinados entre 2022 y 2025, 75 firmantes de paz, periodistas bajo fuego, funcionarios sin respuesta. Y en muchos de esos casos, las alertas estaban dadas.
Por eso, esta no es una solicitud política. Es un acto de ética pública. Augusto Rodríguez debe dar un paso al costado. Su permanencia en la UNP no solo erosiona la confianza en el sistema de protección, sino que representa una amenaza en sí misma para quienes hoy viven bajo riesgo real. Su salida no solucionará todo, pero puede abrir la puerta a un liderazgo que actúe con la urgencia que exige el momento: con humanidad, rigor y decisión.
Porque mientras el Estado se demora, la violencia no espera. Y cada omisión desde un escritorio puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ya es hora de que alguien lo entienda. Y si Rodríguez no lo entiende, entonces no puede seguir donde está.
