El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció este sábado sobre el proceso jurídico y político en torno a la consulta popular, en medio de un clima de alta tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. En un mensaje público, el mandatario admitió que la Corte Constitucional es el tribunal de cierre del mecanismo de consulta, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia.
Petro también anunció que ha decidido dar plena aplicación al artículo 86 de la Carta Magna, que regula la acción de tutela como instrumento para la protección de derechos fundamentales. Según explicó, esta medida busca que «la ciudadanía en cualquier parte del país pueda controlar a su presidente», en un ejercicio de transparencia democrática.
“Admito la orden expresa de la Constitución que hace de la Corte Constitucional, el tribunal de cierre de la consulta popular”, afirmó Petro, en referencia al proceso que busca convocar a la ciudadanía a decidir sobre su proyecto político ante el estancamiento de sus reformas en el Congreso.
Acusación directa contra el presidente del Senado
El jefe de Estado fue enfático al criticar al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a quien acusó de desacatar una tutela que le ordena resolver en un plazo de 48 horas el recurso presentado por la senadora María José Pizarro, relacionado con la votación de la consulta popular.
Petro señaló que la negativa de Cepeda a tramitar el recurso representa una violación del debido proceso legislativo, lo que a su juicio invalida la votación con la que el Senado hundió inicialmente la propuesta de consulta.
“Violación al derecho fundamental del debido proceso legislativo. Dice el juez de tutela. Al ser apelable, y desconocerse la apelación, no se perfeccionó la votación. Más otros seis hechos violatorios del debido proceso legislativo. No se le debe hacer trampa al pueblo”, expresó Petro en redes sociales.
Además, lanzó una acusación directa al presidente del Congreso:
“Quien ha roto el Estado social de derecho es el propio presidente del Senado”.
Crisis institucional en curso
Este nuevo capítulo profundiza el choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un momento en el que el país discute los límites de la separación de funciones, la interpretación del debido proceso parlamentario y el uso de mecanismos de participación ciudadana.
La Corte Constitucional deberá actuar como tribunal de cierre en este conflicto, que no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también trascendencia política, dado que la consulta popular ha sido promovida por el Gobierno como una vía para legitimar sus reformas sociales ante los bloqueos legislativos.
El Congreso, por su parte, sostiene que la propuesta fue rechazada válidamente en la plenaria del Senado y que el Ejecutivo está forzando mecanismos para eludir los controles constitucionales del sistema democrático.
Por ahora, queda en manos de la jurisdicción constitucional dirimir este pulso de alta tensión que podría marcar el rumbo institucional del segundo tramo del gobierno de Gustavo Petro.
