La tragedia ocurrida la noche del lunes 2 de junio en la cabaña Eco House Villa de Olvega, ubicada en el kilómetro 7 de la vía al mar en Puerto Colombia, Atlántico, que dejó tres muertos y nueve heridos, pone en evidencia la creciente preocupación sobre el destino de los recursos provenientes de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Este impuesto, que se recauda a través de la factura de energía eléctrica, ha sido objeto de debate debido a su manejo y distribución.
Cabe recordar que en 2024, la Gobernación del Atlántico firmó un convenio con la Alcaldía de Barranquilla, permitiendo que el Distrito manejara una parte significativa de estos recursos, destinados principalmente a la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar). Se adquirieron vehículos, equipos y tecnología para fortalecer la seguridad en el área metropolitana. Sin embargo, municipios como Soledad, Malambo y Puerto Colombia, que también aportan al recaudo, no han visto mejoras sustanciales en su seguridad.
En su momento y ante convenio firmado entre la Gobernación del Atlántico con la Alcaldía de Barranquilla, la diputada Isabella Pulgar cuestionó la efectividad de este convenio, señalando que la concentración de recursos en Barranquilla ha dejado desprotegidos a otros municipios del departamento.
Trayendo a colación lo manifestado por Pulgar, es evidente con esta masacre registrada en Puerto Colombia la noche del domingo 2 de junio. Además, La diputada desde entonces mostró su preocupación por la falta de resultados tangibles en la reducción de la violencia urbana y hoy por hoy es visible que tiene toda la razón. «El Distrito nos está demostrando que no es capaz de solucionar los problemas de inseguridad que estamos viviendo los atlanticenses», afirmó Pulgar como desacuerdo con el destino de los recursos ante el famoso acuerdo firmado por el Gobernador Verano.
La reciente masacre en Puerto Colombia resalta la necesidad de una estrategia de seguridad integral que considere las particularidades de cada municipio. Es imperativo que los recursos de la Tasa de Seguridad se distribuyan de manera equitativa y eficiente, garantizando que todos los atlanticenses tengan acceso a un entorno seguro. La falta de una planificación adecuada y la centralización de recursos en una sola ciudad han demostrado ser insuficientes para enfrentar los desafíos de seguridad en todo el departamento.
Es hora de replantear la gestión de estos recursos y asegurar que cada peso invertido en seguridad se traduzca en beneficios reales para toda la comunidad.
