Un informe reciente de la Contraloría General de la República reveló serias deficiencias en la protección a líderes sociales y comunidades en riesgo, a pesar de que entre 2019 y 2023 se invirtieron más de 1.29 billones de pesos en la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El estudio señala que el 93 % de los recursos se destinó a medidas individuales, dejando vulnerables a comunidades enteras. De más de 1.300 solicitudes de protección presentadas, solo el 18 % logró acceder a medidas efectivas, mientras que el resto enfrenta esperas de hasta 203 días o rechazos.
El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga advirtió que, aunque el presupuesto y el número de personas protegidas ha aumentado, la tasa de homicidios de líderes sociales sigue siendo alarmante, con más de 1.000 asesinatos registrados en los últimos cinco años.
Regiones como Cauca, Chocó, Nariño y Antioquia concentran la mayor violencia y solicitudes, pero continúan padeciendo falta de seguridad integral.
La Contraloría exigió a las autoridades mejorar la coordinación institucional, agilizar la atención y priorizar esquemas colectivos para garantizar la protección efectiva de quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
