El escándalo por el presunto despojo irregular de tierras en el departamento del Atlántico continúa revelando nuevas implicaciones judiciales. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra seis personas, entre ellas tres abogados y tres señalados poseedores ilegales de predios.
Fueron enviados a prisión los abogados José Luis Márquez, Rafael Enrique Bossio y Álex Manuel Ahumada, quienes según la Fiscalía estarían involucrados en maniobras jurídicas para legitimar la apropiación irregular de tierras. Junto a ellos también fueron privados de la libertad Luis Fernando Peñaloza Rojas, Wilmar Machuca Caicedo e Inés Salas Palencia, señalados como supuestos beneficiarios directos de estos terrenos.
Por su parte, Ismael Cárcamo Albarino, presunto agente corruptor, recibió detención domiciliaria debido a su avanzada edad, según lo determinó el juez.
Mientras tanto, el notario único del municipio de Santo Tomás, Francisco Mejía de la Hoz, y tres registradores de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad —David de Castro Macías, Juan Manuel Ucrós e Iván Páez Redondo— fueron dejados en libertad. Sin embargo, seguirán vinculados formalmente al proceso judicial.
La Fiscalía continúa avanzando en la investigación de esta presunta red dedicada al despojo sistemático de tierras mediante falsificación documental, suplantación y complicidad de funcionarios públicos.
Se espera que en los próximos días se conozcan nuevas decisiones judiciales en torno a otros posibles implicados y se amplíe el alcance del caso que ha sacudido a varias instituciones del departamento.
