En el corazón del centro de Barranquilla, donde la actividad comercial nunca se detiene, un operativo silencioso pero contundente desnudó una realidad que preocupa: el mercado negro de medicamentos sigue creciendo. Más de 22.000 unidades de fármacos —algunos de ellos marcados con la etiqueta «uso institucional»— fueron incautadas por la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.
El procedimiento se llevó a cabo mediante allanamientos en establecimientos del sector céntrico, donde se almacenaban y alistaban los medicamentos para su distribución irregular en distintas droguerías de la ciudad. El valor comercial de lo incautado supera los 165 millones de pesos, aunque su impacto en la salud pública puede ser incalculable.
“Estos productos estaban destinados exclusivamente para instituciones de salud. Su desvío hacia el comercio ilegal impide que lleguen a pacientes que realmente los necesitan”, indicó un portavoz de la Policía. Lo que debía ser un alivio para enfermos se convirtió, en manos equivocadas, en una amenaza para la vida.
El negocio detrás del dolor ajeno
Este tipo de delitos no solo afectan a la economía formal del país, sino que ponen en juego la seguridad de miles de ciudadanos. Medicamentos sin control sanitario, vendidos sin receta, pueden desencadenar complicaciones graves en pacientes que los adquieren en busca de una solución rápida y más económica.
Las autoridades han señalado que este fenómeno delictivo ha tomado fuerza en ciudades como Barranquilla, donde organizaciones aprovechan las grietas del sistema de distribución farmacéutica para lucrarse a costa de la salud pública.
¿Quién responde por lo que no llega a los hospitales?
Los medicamentos incautados, muchos de ellos destinados a tratamientos crónicos y urgencias hospitalarias, nunca llegarán a su destino original. ¿Cuántos centros de salud esperan aún esas cajas rotuladas con códigos institucionales? ¿Cuántos pacientes han tenido que aplazar su tratamiento por falta de insumos?
Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables de este delito, mientras la comunidad médica y ciudadana clama por un control más estricto en la cadena de distribución de medicamentos.
Este operativo, más allá del número y del valor económico, deja una pregunta inquietante sobre la mesa: ¿cuántos otros alijos como este siguen circulando, silenciosos y letales, en las calles de la ciudad?
