Una denuncia de alto impacto sacude al sistema de salud del departamento de Caquetá.
Según revelaciones publicadas por la revista Semana, congresistas cercanos al Gobierno del presidente Gustavo Petro, junto con funcionarios del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, habrían intervenido indebidamente en el manejo de millonarios recursos destinados al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia.
El origen: un contrato por 89.000 millones de pesos
La controversia comenzó en diciembre de 2023, cuando el Ministerio de Salud desembolsó $89.000 millones para la construcción de una nueva torre en el hospital más importante del departamento. Según el gobernador Luis Francisco Ruiz, desde Bogotá se ejercieron presiones para modificar los pliegos contractuales con el fin de favorecer a un contratista supuestamente vinculado a intereses políticos.
Varios correos electrónicos del Ministerio, revelados por fuentes bajo reserva, habrían instruido directamente a los funcionarios del hospital sobre cómo estructurar la licitación, lo que vulneraría la autonomía administrativa del centro médico.
Intervención forzosa y polémica
Ante la negativa del hospital de devolver los recursos, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó en agosto de 2024 una intervención forzosa del centro asistencial, argumentando presuntas irregularidades administrativas. La medida fue anticipada en un correo anónimo dirigido a la entonces gerente, Cindy Vargas, y ejecutada por Beatriz Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien actuaba como superintendente delegada.
La gobernación denunció que los motivos de la intervención eran falsos o fabricados, al punto de que el documento oficial fue modificado dos meses después para justificar la medida. El caso se encuentra hoy en revisión por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
¿Captura política del hospital?
Durante los cuatro meses que duró la intervención, el hospital habría sido usado como plataforma política. Según testimonios recogidos por Semana, algunos contratistas fueron presionados para acercarse a la senadora Sandra Ramírez (Comunes) y al representante Jhon Fredy Núñez, ambos señalados de tener injerencia directa en las decisiones del hospital.
Se habla de contratos otorgados a dedo, aumentos desproporcionados en los honorarios de asesores (de hasta 16 millones de pesos), y especialistas contratados con sueldos mensuales de 40 millones, pese a prestar servicios de disponibilidad limitada.
Además, desde la gobernación se denuncia que Núñez habría presionado para reabrir una IPS que no cumplía con los requisitos sanitarios, con el fin de que fuera beneficiada con contratos para distribuir medicamentos a pacientes con enfermedades de alto costo.
Reacciones y acciones legales
El representante Núñez negó categóricamente los señalamientos, afirmando que su gestión se enfoca únicamente en beneficiar a su territorio. La senadora Ramírez no ha respondido a los cuestionamientos.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud defendió la legalidad de su intervención y negó cualquier tipo de interferencia política. La administración del hospital, sin embargo, sostiene que la intervención fue el resultado de una estrategia para capturar políticamente el manejo de los recursos del sistema de salud en la región.
El gobernador Ruiz afirmó que el hospital fue entregado con deudas históricas de más de $30.000 millones y que actualmente enfrenta un difícil proceso de recuperación financiera.
Se espera que las investigaciones avancen y que las instancias judiciales definan si hubo o no un uso indebido del poder estatal para fines políticos en el sector salud de Caquetá.
