Mientras la Cancillería enfrenta su peor crisis institucional por el caos de los pasaportes y la atención en embajadas en ruinas, un escándalo silencioso pero explosivo se cocina dentro del Palacio de San Carlos: contratos millonarios entregados con irregularidades, bienes que nunca llegaron pero se firmaron como entregados, y una serie de funcionarios señalados por autorizar pagos sin verificación.
En total, $13.000 millones de pesos están bajo la lupa. Son tres contratos adjudicados durante la administración del excanciller Luis Gilberto Murillo, en los que —según documentos y testimonios— se detectan posibles casos de corrupción que van desde entregas simuladas hasta direccionamiento descarado.
Contrato con muebles fantasmas
Uno de los contratos más indignantes es el 596 de 2024, por $750 millones de pesos, destinado a la compra de mobiliario para el Ministerio. Se pagó por completo el 30 de diciembre del año pasado, pero lo recibido apenas suma unas mesas y sillas defectuosas que no cumplen las especificaciones técnicas. Sin embargo, hay acta de entrega firmada a satisfacción.
Lo más grave: se asegura que la directora administrativa encargada, Adriana Ávila, autorizó el pago total sin que los muebles hubieran sido entregados. Fuentes indican que ordenó al almacenista registrar una falsa entrada de los bienes, bajo amenazas de despido.
El mobiliario supuestamente serviría para adecuar espacios para un grupo de género, biblioteca y cafetería. En el papel, todo está justificado. En la realidad, es otro caso de corrupción disfrazada de inclusión.
Mantenimiento de fin de año… sin mantenimiento
El segundo contrato huele a otro «milagro de diciembre». El 30 de diciembre se firmó otro contrato por $2.500 millones para mantenimiento del Palacio de San Carlos. En apenas cuatro días —y en plena temporada navideña— el contratista ya había recibido $300 millones, sin haber hecho nada sustancial.
La “solución” fue una prórroga de 90 días, acordada informalmente en un café entre funcionarias del Ministerio y el contratista. Todo para salvar una reserva presupuestal y ejecutar recursos que de otro modo se habrían perdido.
Los nombres que suenan en esta jugada son conocidos en la sede diplomática: Adriana Ávila, Íngrid Natalia Martínez, y otras funcionarias del área administrativa.
Vigilancia a medida (de un solo proponente)
La joya de la corona es un contrato de vigilancia por $10.000 millones, que, según denuncias, fue diseñado para que lo ganara la empresa Top Guard Ltda.. Funcionarias de la dirección administrativa habrían ajustado pliegos a la medida, eliminando requisitos claves como certificados de comportamiento empresarial y seguros para el personal.
En cambio, se agregaron exigencias tan específicas que parecían hechas para un solo oferente: cursos de seguridad expedidos solo por la Policía Nacional, un título militar o en ingeniería, cinco años de experiencia y hasta un vehículo con cilindraje particular.
¿Y los controles?
La molestia al interior de la Cancillería crece. Lo que empezó como un problema técnico con los pasaportes ya se transforma en un escándalo de administración pública que involucra fondos, funcionarios y decisiones cuestionables.
La canciller Laura Sarabia, ya en el centro de una batalla política interna, enfrenta ahora un frente de irregularidades administrativas que podrían desencadenar investigaciones por parte de los organismos de control.
¿Quién se beneficia del desorden en la Cancillería? ¿Por qué nadie verifica? ¿Quién firmó y por qué? Las respuestas podrían estar en los contratos, en las actas falsas… o en los silencios cómodos.
