La Universidad del Atlántico, uno de los centros educativos más emblemáticos del Caribe colombiano, se convirtió esta semana en el centro de una fuerte controversia tras una solicitud de intervención hecha por un grupo de estudiantes al presidente Gustavo Petro durante un cabildo popular realizado este martes en Barranquilla.
El señalamiento fue directo y sin rodeos. “La Universidad del Atlántico es un nido de corrupción”, denunció el líder estudiantil Juan Maza, quien aseguró frente al jefe de Estado que existen obras inconclusas, adiciones presupuestales sin justificación y procesos investigativos que, según dijo, “duermen el sueño de los justos”.
La petición, sin embargo, no tardó en encender las alarmas y provocar un fuerte rechazo desde otros sectores de la comunidad universitaria, que ven en la propuesta no solo un acto desproporcionado, sino también un peligroso precedente contra la autonomía universitaria.
“Es una solicitud contradictoria”, respondió Laura Arrieta, representante estudiantil ante el Comité de Derechos Humanos y Paz. “Durante años defendimos la autonomía frente a otros gobiernos. Hoy no podemos pedir una intervención sin medir las consecuencias”.
La joven reconoció que sí existen retos internos, como la inseguridad, pero advirtió que estos problemas responden más a dinámicas externas al campus y que ya se vienen abordando con autoridades locales.
La polémica ha puesto en evidencia una fractura interna entre los sectores estudiantiles: mientras unos reclaman una intervención urgente para cortar lo que consideran redes de corrupción enquistadas, otros defienden los logros recientes de la institución y alertan sobre el riesgo de una politización de sus órganos de gobierno.
Luis Villanueva, estudiante de Historia, fue enfático: “Salir de la Ley 550 fue un logro. Estamos entre las universidades con más producción investigativa en el país. Las acusaciones de paramilitarismo son irresponsables y reviven un pasado doloroso que ya estamos superando”.
El pasado que menciona Villanueva no es menor. La Uniatlántico es sujeto de reparación colectiva por los hechos de violencia vividos en su interior durante años de conflicto. Hoy, esas cicatrices aún sangran cuando desde algunos discursos se insiste en pintar a la universidad como un terreno tomado por mafias.
Javier Hernández, otro de los líderes estudiantiles, fue aún más crítico con la propuesta de intervención. “Es muy grave afirmar que la autonomía está secuestrada por bandas mafiosas. Es una declaración que daña el buen nombre de la universidad y desconoce los avances académicos, administrativos y de convivencia”.
En paralelo a este debate, otro hecho puso a la Universidad del Atlántico nuevamente en la lupa pública: la Contraloría pidió explicaciones al general Tito Yesid Triana, director de la Policía, por el presunto uso de una aeronave oficial para trasladar influenciadores a Barranquilla durante el evento del martes. Un episodio que alimenta el ya espeso clima de cuestionamientos.
Mientras tanto, en los pasillos de la Uniatlántico se respira una mezcla de inquietud y expectativa. ¿Es necesaria una intervención estatal? ¿O bastará con fortalecer los mecanismos internos de control y participación? Por ahora, lo único claro es que la discusión apenas comienza.
