En el interior del búnker de la Fiscalía General de la Nación reina la incertidumbre. La fiscal general Luz Adriana Camargo tomó en las últimas horas una decisión que ha generado sorpresa y desconcierto: la remoción abrupta de dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, sin que hasta ahora se conozcan públicamente las razones detrás de dicha determinación.
Los funcionarios declarados insubsistentes son Mónica Jiménez, fiscal quinta delegada ante la Corte, y Jorge Velásquez Niño, fiscal octavo. Ambos venían adelantando investigaciones de alto perfil contra aforados constitucionales, lo que ha despertado interrogantes sobre si su salida podría tener implicaciones más allá de lo administrativo.
Un silencio que inquieta
La fiscal Camargo no ha ofrecido hasta el momento ninguna declaración oficial ni ha explicado públicamente los motivos detrás de las insubsistencias, situación que ha generado tensiones dentro del organismo judicial y ha prendido alarmas entre sectores que observan con lupa el desarrollo de investigaciones sensibles en el país.
Aunque el movimiento puede encuadrarse en una facultad discrecional, analistas y voces internas de la Fiscalía consideran que, debido a la relevancia de los procesos en manos de los fiscales retirados, se requiere transparencia y claridad para disipar cualquier percepción de interferencia o motivación política.
Contexto político y judicial tenso
La decisión se produce en medio de un ambiente cargado para la jefa del ente acusador. El Consejo de Estado estudia actualmente una demanda de nulidad contra su elección, señalada de posibles irregularidades en el proceso que derivó en su designación por parte de la Corte Suprema de Justicia, el pasado marzo.
En este escenario, han surgido versiones sobre presunta injerencia de altos funcionarios del Gobierno en la elección de Camargo, incluidos Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE; Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia y hoy magistrado de la Corte Constitucional; y la actual canciller Laura Sarabia.
Aunque no se ha probado que existiera una influencia determinante de estos actores en la designación de la fiscal general, el solo ruido político amenaza con erosionar la legitimidad de una figura clave en la administración de justicia.
Fiscalías clave, investigaciones sensibles
La salida de Jiménez y Velásquez Niño es particularmente delicada porque ambos fiscales manejaban investigaciones relacionadas con aforados, entre ellos congresistas, magistrados y altos funcionarios públicos, cuya indagación exige autonomía y estabilidad en los equipos judiciales.
Sin conocer quiénes los reemplazarán ni si sus investigaciones se mantendrán intactas, la decisión abre la puerta a la incertidumbre jurídica en casos que ya eran de por sí sensibles.
¿Error de forma o mensaje de fondo?
El país exige respuestas. La Fiscalía General, llamada a ser garante de la legalidad y la transparencia, enfrenta ahora el desafío de explicar decisiones que podrían impactar la confianza institucional. Porque en justicia, como en democracia, el silencio prolongado suele ser el terreno fértil para la sospecha.
