A las 3 de la tarde, el corazón de Barranquilla —el Paseo Bolívar— se convertirá en escenario de una nueva jugada política del Gobierno nacional. Con el presidente Gustavo Petro a la cabeza, y acompañado por ministros, líderes sindicales y representantes políticos, se pondrá en marcha un “cabildo popular”, una figura cargada de simbolismo y polémica, con la que el Ejecutivo busca contrarrestar lo que considera una traición del Congreso: el hundimiento de la consulta popular sobre trabajo digno.
“No estamos incendiando nada. Estamos defendiendo los derechos de los trabajadores”, declaró el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una rueda de prensa previa al evento. Con un tono airado y directo, Benedetti acusó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y al secretario general, Diego Alejandro González, de haber actuado como “malandrines” al cerrar abruptamente la votación del proyecto, impidiendo —según él— una discusión transparente.
La apuesta del Gobierno es clara: trasladar el debate al terreno popular. Lo llaman “cabildo popular”, aunque constitucionalmente esta figura no existe como tal. La Constitución contempla el “cabildo abierto”, un mecanismo consultivo y local que no tiene carácter vinculante. Pero Petro y su equipo parecen más interesados en la calle que en la legalidad técnica. Quieren crear una narrativa de respaldo ciudadano que contraste con la negativa del Legislativo.
La convocatoria no es menor. Organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode, y movimientos afines al Pacto Histórico han anunciado su participación. Se espera que más de 50.000 personas se movilicen en Barranquilla, en lo que se perfila como un ensayo general para posibles movilizaciones futuras, incluida una huelga general o un paro nacional, según advirtieron varios dirigentes sindicales.
Andrea Vargas, secretaria general de Colombia Humana, lo dijo sin rodeos: “La consigna es vengar el hundimiento de la consulta popular. Si no es por la vía institucional, será por la movilización social”.
Una figura simbólica, no vinculante
Pero, ¿qué efectos reales tiene un cabildo de este tipo? Jurídicamente, ninguno. Así lo explican expertos constitucionalistas como Andrés Díaz Arana y Luis Trejos. El cabildo abierto, en su forma reconocida por la ley, no tiene poder de decisión. Sirve como una vitrina de expresión ciudadana, una plataforma para presionar, no para imponer.
El uso del término “cabildo popular” por parte del Gobierno ha sido interpretado por analistas como un intento de redefinir los marcos de la deliberación democrática. Para algunos, una jugada política audaz; para otros, una peligrosa forma de deslegitimar las instituciones.
Mientras tanto, en el Congreso, la Reforma Laboral —otra de las apuestas clave del Ejecutivo— ha sido revivida y comenzará a debatirse nuevamente, esta vez en la Comisión Cuarta. El mismo ministro Benedetti se mostró contradictorio sobre sus expectativas: primero dijo que “no hay tiempo” para tramitarla antes del 20 de julio, pero luego rectificó: “sí hay tiempo, pero al Gobierno lo han perrateado”.
¿Hacia un nuevo pulso entre Congreso y calle?
El escenario está planteado. De un lado, el Congreso, cuestionado por su falta de voluntad para tramitar mecanismos de participación directa. Del otro, un Ejecutivo decidido a recurrir al pueblo como juez simbólico de sus reformas. En la mitad, una ciudadanía cada vez más tensionada entre el discurso del cambio y la realidad de un país que no logra aterrizar sus transformaciones.
El cabildo de Barranquilla puede no tener efectos legales, pero sin duda tendrá resonancia política. En un año preelectoral y con una gobernabilidad tambaleante, el Gobierno parece apostar todo a la movilización popular como su principal capital.
