Fiscalía judicializa a miembros de la Policía Nacional, un sargento del Ejército y dos civiles por tráfico de armas https://t.co/Twf2wYPL1C a través de @Pasa La Voz pic.twitter.com/75VVPvFLyF
— Pasa La Voz – Barranquilla Alerta (@PasaLaVozBQ) May 19, 2025
La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la judicialización de dos integrantes de la Policía Nacional, un sargento en retiro del Ejército Nacional y dos particulares, presuntamente involucrados en una red clandestina de tráfico de armas.
La investigación, que ha sido liderada por la Fiscalía, ha revelado a través de elementos materiales probatorios que los imputados estarían implicados en la obtención y comercialización ilegal de armamento, municiones y accesorios de diferentes tipos, con el fin de venderlos de manera clandestina.
Según los datos recabados, la red operaba con un nivel de organización considerable, facilitando la distribución de armas fuera de los canales legales, lo que constituye una grave amenaza a la seguridad pública y al orden institucional.
El Fiscal General, quien se pronunció al respecto, destacó la importancia de estas acciones para desarticular estructuras criminales que operan de forma ilegal, y subrayó el compromiso de la Fiscalía para continuar con investigaciones exhaustivas que involucren a miembros de instituciones del Estado. «No toleraremos el uso indebido de armas por parte de personas que deben proteger a la ciudadanía. Actuaremos con la misma contundencia, sin importar el cargo o la institución a la que pertenezcan», afirmó.
Los acusados fueron imputados por los delitos de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego y concierto para delinquir, y están siendo procesados por su participación en esta red de tráfico ilícito de armas, que pone en riesgo la seguridad de la población.
La Fiscalía también reiteró su compromiso con la justicia, anunciando que continuará con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en este delito.
Este caso representa un duro golpe a la criminalidad y el tráfico ilícito de armas en el país, resaltando la necesidad de una vigilancia constante sobre las fuerzas de seguridad y los mecanismos para prevenir el uso indebido de armas por parte de cualquier individuo.