Santa Marta atraviesa un delicado momento institucional tras la cuestionada elección de Carlos Pinedo Cuello como alcalde, en medio de una controversia jurídica que podría terminar en la anulación de su mandato. A pesar de no haber sido el candidato más votado, Pinedo fue proclamado alcalde por una decisión técnica que evitó un vacío de poder, pero que dejó muchas preguntas sobre la legitimidad democrática del proceso, es decir, el deseo de la mayoría de los samarios.
En las últimas horas la situación se complicó mucho más luego de que el propio Pinedo intentara apartar del caso de nulidad electoral a la magistrada encargada, mediante una recusación que fue negada por el Consejo de Estado, lo que evidencia la tensión entre las partes y refuerza las sospechas de una posible anulación de su elección, como ya ocurrió con el Gobernador del Magdalena por inconsistencias en el escrutinio.
El proceso, que ya pasó al despacho para sentencia final, poniendo esto en «jaque» no solo a la administración de Pinedo sino también a la credibilidad de las instituciones democráticas locales. Vale recordar que tras un reconteo de votos, se ratificó que el otro candidato (Jorge Agudelo) había obtenido más sufragios. Sin embargo, por un tecnicismo y para evitar un vacío de poder, se optó por mantener a Pinedo en el cargo, sin convocar a nuevas elecciones.
Esta medida, lejos de resolver el conflicto, lo ha agravado:
¿Puede hablarse de una verdadera democracia si quien ocupa el cargo no fue quien obtuvo la mayoría de votos?
¿Es legítimo un alcalde que accede al poder por decisión administrativa y no por voluntad popular?
La solución más justa y salomónica, como clama buena parte de la ciudadanía, sería convocar nuevas elecciones con nuevos candidatos, tanto en Santa Marta como en el departamento del Magdalena, y así garantizar un proceso electoral transparente, equitativo y verdaderamente representativo.
Se espera que la Corte Constitucional, en su sabiduría, pueda intervenir para resolver este “chicharrón jurídico” y devolverle a los samarios la confianza en su democracia local. Porque más allá de los tecnicismos, lo que está en juego es el respeto al voto popular y la legitimidad del poder.
