En un operativo conjunto entre la DEA y autoridades colombianas, fue capturado Marcos Mesa Moreno, conocido en el mundo artístico como Marcos Pinto o “Marquitos”, reconocido empresario de la champeta y creador del famoso picó El Grosero.
La detención se realizó en su residencia en Turbo, Antioquia, en cumplimiento de una orden de extradición emitida por una corte federal en Texas, donde es requerido por su presunta participación en una red de narcotráfico que enviaba cocaína a Estados Unidos.
Según la investigación, Mesa Moreno habría fungido como actor logístico clave en la estructura criminal ‘Efrén Vargas Gutiérrez’, una facción del Clan del Golfo, coordinando el envío de hasta tres toneladas mensuales de cocaína desde Urabá y Chocó hacia países de Centroamérica y, posteriormente, a suelo estadounidense.
Las autoridades aseguran que Pinto utilizaba su posición como promotor musical y empresario cultural para encubrir operaciones ilícitas, actuar como intermediario logístico y financiar actividades del narcotráfico. Mantenía además vínculos con alias «Chejo», jefe regional del Clan del Golfo, lo que le habría garantizado protección y libertad de operación en la zona.
A pesar de su bajo perfil judicial, Pinto era ampliamente conocido en el Caribe por su participación en eventos musicales, especialmente con el picó El Grosero, que ganó fama por su potencia y presencia en festivales de Medellín, Cartagena y otras ciudades. En redes sociales se mostraba rodeado de artistas, en celebraciones privadas y con un estilo de vida ostentoso que muchos asociaban con éxito empresarial.
Sin embargo, tras su captura, la opinión en Turbo se ha dividido. Mientras algunos lamentan la caída de un referente cultural y promotor del empleo en el sector del entretenimiento, otros expresan desilusión al descubrir su presunta participación en el crimen organizado.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que el proceso de extradición ya fue activado. Marcos Pinto enfrentará en EE. UU. cargos por concierto para fabricar o distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, un delito federal que podría acarrearle penas de hasta cadena perpetua.
